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Chinchilla alega que por "engaño" voló en jet

Sharon Cascante [email protected] | Viernes 17 mayo, 2013 12:00 am



Chinchilla alega que por "engaño" voló en jet

Archivo/La República

Laura Chinchilla alegó en un comunicado publicado en las últimas horas que su Gobierno fue "engañado" por un colombiano que les prestó su avión privado y que presuntamente está vinculado al narcotráfico.

La presidenta dijo que el colombiano, Gabriel Ricardo Morales Fallón, se presentó con el nombre de Gabriel O'Falan, tal como dijo este miércoles antes de renunciar por este escándalo Francisco Chacón, ministro de Comunicación.

Chinchilla y sus más cercanos colaboradores son blanco de las críticas de todos los sectores políticos y sociales costarricenses debido a los dos viajes que hizo en el avión de la empresa THX Energy, el cual fue facilitado al Ejecutivo de manera gratuita.

Chinchilla viajó en ese avión en marzo pasado a Caracas al funeral del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el pasado fin de semana a Lima para asistir a una boda.

Investigaciones periodísticas demostraron que uno de los directivos de THX Energy con los que el Ejecutivo costarricense tuvo contacto es Gabriel Ricardo Morales Fallón, supuestamente vinculado al narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias "Chupeta".

Según dijo Chacón antes de renunciar este miércoles, Morales Fallón se presentó ante él y otros funcionarios de Gobierno con una tarjeta de negocios con el nombre de Gabriel O'Falan.

Chinchilla indicó en un comunicado que Chacón fue engañado, y resaltó su profunda preocupación por la cadena de fallos que se produjeron para que no se implementaran los filtros y los controles que hubieran dado la alerta sobre el vínculo del avión con una persona cuestionada por actividades ilícitas.

Los diputados de oposición no han escatimado en críticas severas al Gobierno por este caso, especialmente contra los funcionarios encargados de la seguridad de la presidenta.

El mayor error en este caso fue la falta de comunicación entre el despacho de la Presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.

El caso también es investigado por la Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica.