Carreteras nacionales cumplen un año sin mantenimiento por caso “Cochinilla”

Este viernes 24 de junio el país cumple un año exacto sin invertir un cinco en el mantenimiento de las rutas nacionales, afectando a su vez el comercio, el turismo y la calidad de vida de millones de costarricenses en todo el país.

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Y es que el escándalo de supuesta corrupción conocido como “Cochinilla”, hizo que la administración anterior cancelara todos los procesos de licitación de mantenimiento vial, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos, a la vez, que la actual administración aún no ha tomado cartas en el asunto.

Ante este panorama, municipalidades de todo el país están ofreciendo ayuda al gobierno para facilitar recurso humano, mientras que el Estado tendría que aportar la maquinaria y los materiales.

La idea es evitar que esta situación se convierta en una zancadilla más para la reactivación económica y la generación de empleo, sobre todo, porque los caminos nacionales están viviendo un segundo invierno sin inversión.

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“Las alcaldías queremos trabajar en conjunto con el MOPT y Conavi para colaborar en algo que no nos corresponde, pero que nos involucra en el desarrollo de nuestros cantones. Hablamos de la crisis que se está enfrentando con el deterioro de las rutas nacionales, donde el reclamo ciudadano es cada vez más creciente. Proponemos desarrollar una estrategia para trabajar en conjunto, donde el MOPT y Conavi aporten maquinaria, mientras que las municipalidades pueden aportar personal o materiales”, aseguró Maikol Porras, Alcalde de Sarchí y directivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).

La colaboración no modificaría la transferencia que el Poder Ejecutivo realiza a las municipalidades, sino que serían recursos libres provenientes de los impuestos de bienes inmuebles, patentes o permisos de construcción. La propuesta es firmar un convenio que permita el uso de estos dineros en la red vial nacional, tal y como ya funciona en las municipalidades de Flores o Escazú.

“El estado de las rutas nacionales que atraviesan los cantones cada vez es más alarmante debido a la suspensión de los contratos de conservación vial”, agregó Porras.

Por otra parte, varias diputadas de la Unidad promueven una moción en la Asamblea Legislativa para pedirle cuentas a Luis Amador, ministro del MOPT.

En ese sentido, ellas señalan que rutas nacionales vitales para el turismo y comercio se están deteriorando aceleradamente.

La ruta 32 que conduce a Limón, un carretera en Orosí de Paraíso, la vía entre La Suiza y Tres Equis en Turrialba, la Carretera General Cañas y la Bernardo Soto, son algunas de las vías que están en mayor problemas, según diversas denuncias hechas por diputados en el plenario.

“Lo que está viviendo el país es una verdadera emergencia nacional, que está afectando a todos los costarricenses, al sector productivo, a los agricultores, a los turistas y que debe resolverse cuanto antes. Desde la Fracción Unidad hemos solicitado información a las autoridades correspondientes, y no han dado claridad y en algunos casos ni respuestas”, detalló la diputada Melina Ajoy.

Por su parte, la jefa de fracción Daniela Rojas, añadió que es preocupante la situación que enfrenta el país, y una limitante para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

“Desde la fracción Unidad vamos a plantear una moción para que el señor ministro de transportes, brinde explicaciones detalladas en la comisión de infraestructura sobre el plan para intervenir las rutas nacionales. Entendemos que hay contratos paralizados por investigaciones que se están llevando a cabo, pero la situación no puede continuar así, esto debe resolverse a la brevedad y tomar decisiones”, añadió Rojas.

Sobre este tema, LA REPÚBLICA trató de obtener una opinión del ministro Amador desde el martes anterior; sin embargo, al cierre de edición el equipo de comunicación no había enviado las respuestas al cuestionario.

El caso de corrupción conocido como “Cochinilla” implicó la supuesta entrega de dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y Conavi por parte de empresas constructoras, a cambio de verse beneficiadas en procesos de licitación.

Por estos hechos, varias constructoras que realizaban labores de mantenimiento como H Solís y MECO están bajo investigación, así como el exministro Rodolfo Méndez.