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Miércoles, 4 de agosto de 2021



NACIONALES


H Solís, Meco, Constructora Herrera y Also Frutales están siendo investigadas

Constructoras que pagaron supuestos sobornos serían inhabilitadas por diez años

Sanción administrativa también cubriría a fusiones o consorcios

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 17 junio, 2021

Karine Niño, diputada del PLN, impulsó la reforma a ley de contratación administrativa que establecería la inhabilitación hasta por diez años. Cortesía/La República.
Karine Niño, diputada del PLN, impulsó la reforma a ley de contratación administrativa que establecería la inhabilitación hasta por diez años. Cortesía/La República.


Si se comprueba en sentencia firme que sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, varias empresas podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.

Lea más: Sobornos en obra pública terminarían de descarrillar proyecto del tren eléctrico

Se trata de las compañías H Solís, Meco, Constructora Herrera y Also Frutales, entre otras.

Esas constructoras han sido vitales en el desarrollo de infraestructura en los últimos años, ya que construyen o han terminado proyectos como Circunvalación Norte, el nuevo puente sobre el Río Virilla a la altura del Saprissa y los pasos a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera.

La sanción para las empresas en sede administrativa, implicaría la inhabilitación para construir cualquier infraestructura vial para todo el Estado, por un período que va desde los tres años y hasta los diez años, según una reforma a la ley de contratación administrativa aprobada en 2019 y que fue impulsada por Karine Niño, diputada de Liberación.

Lea más: Unos 20 funcionarios habrían colaborado en otorgamiento irregular de contratos de obra pública

La normativa considera como fraude de ley, la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir los efectos de la sanción, por lo que una empresa no podrá burlar los controles, ya que las fusiones y los consorcios no serían permitidos para esas compañías.

La sanción administrativa se aplicaría al margen de las sanciones penales y civiles que se establecerían por el pago de supuestos sobornos en obra pública.

“Se considerará como una falta grave del contratista, cuando una de sus acciones u omisiones pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas, cuando los proyectos aumenten su costo por su culpa, o bien, cuando haya una condenatoria en firme en contra del contratista”, dijo Niño a LA REPÚBLICA.

En ese sentido, las empresas en cuestión serían investigadas por el aumento en el costo de las obras y por el supuesto pago de sobornos.

La sanción no aplicaría para la construcción de edificios o alcantarillados por ejemplo, ya que sería solo para infraestructura vial.

El otorgamiento de lotes, viajes, carros y hasta favores sexuales a unos 20 funcionarios públicos del Conavi, está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

En principio, los funcionarios habrían colaborado con el otorgamiento irregular de contratos de obra pública con importantes empresas desarrolladoras del sector privado por un valor de ¢78 mil millones.

Por esta razón, el OIJ realizó varios allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y el Conavi, además de las empresas a inicios de semana.

Peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias serían algunos de los delitos que se están investigando.


Hasta las últimas consecuencias


El pago de supuestos sobornos en la construcción de obra pública tiene que investigarse en todas sus aristas, según aspirantes presidenciales.

Fabricio Alvarado

Candidato
Nueva República


Espero que al fin abran los ojos quienes no han querido ver al verdadero PAC. Esto era lo único que nos faltaba, que se diera a conocer esto con la obra pública que tanto se han jactado de hacer bien. Ojalá esta vez sí hagan algo.

José María Figueres

Candidato
Liberación Nacional


La corrupción es un cáncer contra el cual la lucha es permanente. Con indignación y enojo, los costarricenses recibimos la noticia sobre investigaciones judiciales relacionadas con una red de corrupción en obra pública. Este triste episodio exige una respuesta contundente.

Carolina Hidalgo

Precandidata
Acción Ciudadana


Los hechos que conocimos son un golpe profundo a la confianza ciudadana y a la credibilidad de la institucionalidad democrática costarricense.
Es necesario luchar contra la corrupción institucionalizada, hablamos de mandos medios que han sobrevivido a los cambios de gobierno. Esta es una gran oportunidad para hacer cambios profundos y blindar los procesos de contratación de aquí en adelante.

Welmer Ramos

Precandidato
PAC


Hay que investigar a los partidos que han sido financiados por estas empresas. Me extraña que hace poquitos días atrás, varios partidos políticos votaron en contra de una moción para seguir con el expediente que investiga la carretera San Carlos y San Ramón.

Lineth Saborío

Precandidata
Unidad


La lucha por transparentar la función pública debe ser constante, del mismo modo que la rendición de cuentas en todos los niveles es indispensable. Nadie está por encima de la ley, sin importar su puesto o dinero.


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