¡Cambios constitucionales!

En la Asamblea Constituyente de 1949 le recortaron las alas y algunas de las facultades al Poder Ejecutivo. Los constituyentes suprimieron el ejército como institución permanente por lo que el Poder Ejecutivo ya no tuvo la fuerza ni la influencia que el ejército daba al presidente. De igual manera se suprimieron las elecciones de medio período que premiaban o castigaban al presidente por su desempeño durante los dos primeros años de su mandato. Las elecciones de diputados cada dos años resultan en extremo importantes políticamente para un presidente. Estas elecciones permitían deshacerse de diputados y elegir dependiendo de la popularidad suya y de su gobierno una proporción diferente y más favorable a este en la Asamblea Legislativa. Para la oposición igualmente era importante ya que en estas elecciones podían fortalecer su número de diputados y así oponerse mejor a los designios del presidente. El desarrollo de las instituciones autónomas absorbió las áreas de crecimiento del sector público de manera muy acelerada, pero ya fuera de la órbita del presidente. Luego – en 1953- el Servicio Civil impidió dar trabajo a los allegados del presidente y los ministros, así como generó dificultades para despedir a sus adversarios en la administración pública. Las partidas específicas que ayudaban al primer mandatario a ejercer su influencia y a premiar a quienes le ayudaban se suprimieron hace ya sus años.

Me parece que hay que equilibrar de nuevo la influencia y el peso de los poderes. Hay que volver a las elecciones legislativas de medio período para renovar la mitad de los diputados de la Asamblea Legislativa de manera conjunta con las Alcaldías. Creo que el país debe de migrar a la elección de diputados por distritos electorales y también por una lista de diputados nacionales, de tal manera que estas herramientas equilibren diputados nacionales con diputados de los distritos electorales. Me parece que el referéndum revocatorio de funciones para los diputados debe de adoptarse como se hizo con los alcaldes, para que así los electores puedan enmendar errores de elección.

Estoy convencido que el Poder Ejecutivo debe de tener la facultad de enviar proyectos en sesiones extraordinarias marcados con carácter urgente para una aprobación rápida con plazo, de tal manera que si no son aprobados o rechazados dentro de ese plazo queden automáticamente aprobados. Esto forzaría a la Asamblea a ser más consciente del tiempo y del espíritu de urgencia que debe privar en la función legislativa.

Igualmente, en la ley de presupuesto de la república el presidente debería poder en esa autorización legal del gasto vetar línea a línea, puntualmente, el presupuesto nacional aprobado, para evitar abusos como la autorización no deseada por el Poder Ejecutivo del incremento o restricción del gasto. De igual manera debería poder vetar las reglas generales al presupuesto una a una.

Creo que los votos de censura contra los ministros de estado deberían llevar a la destitución obligatoria del ministro. El Presidente de la República y el Consejo de Gobierno deberían tener la facultad de disolver la Asamblea Legislativa convocando a elecciones no antes de un año de ejercicio legislativo y por una única vez en su mandato.

Sin lugar a dudas los presupuestos de las instituciones autónomas, que en conjunto son mayores que el presupuesto nacional, incluyendo las universidades públicas y los grandes bancos nacionalizados deberían ser discutidos y aprobados por la Asamblea Legislativa. No es lógico que el estado sea garante de sus obligaciones, pero el Poder Legislativo no pueda aprobar o rechazar sus presupuestos luego de haberlos analizado en detalle. La mayor parte del gasto del sector público proviene de las autonomías, bancos y universidades públicas. Su aprobación actual no lleva la aprobación política legislativa y solo recibe la técnica de la Contraloría General de la República.

Todo esto sería revolucionario y transformaría la faz de la república. No hay que festinar e improvisar las decisiones, por lo que un gran debate sobre asuntos como estos y otros es digno de sostenerse, no algunos más ligeros e intrascendentes como hemos estado presenciando. Estas reformas pueden hacerse algunas por vía de las reformas parciales a la constitución política de Costa Rica. Otras, por la naturaleza “pétrea” de las instituciones transformadas, requerirían la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Es el momento de ir cambiando el país. Es el momento de la reforma del estado. Es el momento de grandes cambios políticos. Es el momento de fortalecer nuestra democracia en paz y antes de que eventos indeseados toquen a nuestras puertas. Es el momento de Costa Rica. Este gran diálogo político debe de comenzar hasta alcanzar consensos.