Buenas noticias

Buenas noticias

Aquí voy, otra vez este martes pero muy encomendado a Dios porque quiero escribir clarito, demostrar que sé usar verbos y no darle la razón al Premio Nacional de Periodismo, Jorge Vargas Gené, 2009.
Lo mío esta semana es a propósito de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Expediente Número 17593 que propone una nueva Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional en línea con la denominada UNCITRAL de las Naciones Unidas.
Como bien señala en su exposición de motivos, el propósito de la ley no solo es el de regular los procesos arbitrales internacionales, vacío que tiene actualmente nuestro ordenamiento, sino fortalecer la atracción de inversión extranjera mediante la instauración de un régimen legal que prevalece a nivel mundial y, mantener nuestra posición como “ejemplo en la solución pacífica de conflictos a nivel internacional”.
En lo que se refiere al primer motivo, recuerdo que respecto de la actual ley privó una miopía o recelo institucional que, frente a la posible participación de colegas extranjeros, valoraba más el proteger al abogado costarricense en su trabajo que la posibilidad de convertirnos en un centro internacional de arbitraje comercial.
Dichosamente, ningún otro país ha logrado consolidarse en Latinoamérica como sí lo han hecho, por ejemplo, Hong Kong o Singapur en Asia, Dubái para el Oriente Medio o Washington DC, París y Londres para la escena global.
Ahora que tenemos la oportunidad de retomar el posicionamiento nacional en este tema, debemos repasar también otras consideraciones que son necesarias para tener éxito.
Respecto del segundo objetivo, tenemos trecho por recorrer.
El ex ministro de justicia de Singapur, S. Jayakumar, en un discurso este año a propósito de la apertura del complejo de resolución de conflictos Maxwell Chambers apuntaba como razones para el éxito: (1) Contar con un ordenamiento jurídico robusto y un poder judicial que apoye la figura del arbitraje; (2) tener una infraestructura de negocios bien desarrollada y conectividad aérea con varios países; (3) tener una base de abogados con pericia arbitral; (4) revalorar el régimen jurídico que regula la materia para garantizar su competitividad y proclividad hacia el arbitraje; (5) atraer árbitros foráneos y bufetes a fin de aumentar el talento legal disponible.
Si bien contamos con algunos de estos presupuestos, el Gobierno debería incluir dentro de sus prioridades la construcción de un centro de resolución de conflictos en San José. Un sitio que cuente con salas de audiencias de primera y que, como Maxwell Chambers, sea sede de varias instituciones arbitrales de diversas partes del mundo como la American Arbitration Association, la Cámara de Comercio Internacional o el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
Esto es un triunfo para el país y para don Hernando París quien ha hecho del Ministerio de Justicia algo más allá del ámbito de las cárceles y las represiones. Como bien señala la ley, seamos ejemplo de la solución pacífica de conflictos. Así sea.

Pedro Oller