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Domingo, 26 de septiembre de 2021



NACIONALES


Desconcentrar el poder y darle mayor independencia, destacan entre las recomendaciones

Blindar a la Fiscalía General ante amenazas de infiltración, sugieren analistas

Tema fue discutido en foro organizado a propósito del inicio del proceso de selección del sustituto de Emilia Navas

Danny Canales dannycanales.asesor@larepublica.net | Miércoles 01 septiembre, 2021

Un arte que incluye una red de personas de color celes con una persona color roja
Shutterstock / La República


El nombramiento del próximo fiscal general debe ser el origen de una profunda reforma en el Ministerio Público que permita crear barreras que dificulten la infiltración del crimen organizado, del poder político o de grupos fácticos en la institución.

Esta fue una conclusión generalizada entre juristas y representantes de organizaciones en defensa de la justicia y los Derechos Humanos de la región, en el foro “Una Fiscalía General para una Costa Rica convulsa”, organizado por el colectivo Foro de Justicia.

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Una de las posiciones que tuvo mayor resonancia en el conversatorio fue la del ex magistrado costarricense Daniel González, en torno a que el diseño actual de la Fiscalía General “corresponde a una Costa Rica tranquila, que ya no es así”.

A su criterio, es indispensable una mejor distribución de tareas a nivel interno, para darles más facultades a los fiscales adjuntos, tanto territoriales como especializados, en una serie de áreas, y una mayor fortaleza al Consejo Fiscal en la toma de decisiones y la definición del rumbo de la institución, en procura de mayor independencia.

“Las presiones que puedan ejercerse en una sola determinada persona podrían diluirse en una estructura compactada y organizada en donde no solo una persona toma decisiones y define toda la política de persecución penal de todo el país”, enfatizó.

Una de las principales preocupaciones sobre el modelo actual se centra, precisamente, el exceso de funciones que tiene la figura del Fiscal General, que la convierte en un cargo sometido a una gran presión laboral y mediática, consideró el ex magistrado.

“En este momento quien ocupa la Fiscalía General planifica, organiza, dirige, supervisa, controla, ejecuta labores gerenciales, jurídicas, técnicas, administrativas, relacionadas con el funcionamiento del aparato fiscal. Además, debe autorizar nombramientos, traslados, permisos, permutas, es quien determina y asigna necesidades de equipo recursos humanos, tecnológicos, financieros, pero también debe asumir todos los procesos contra personas de los supremos poderes y debe dirigir las políticas de persecución penal del país”, advirtió.

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No abordar el tema con seriedad y fortalecer los controles en la Fiscalía General podría llevar a que el sistema de justicia sea cooptado por el poder político, por el crimen organizado o por poderes fácticos, como ya ocurre en países de la región, consideró Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, la cual abarca a toda Latinoamérica.

Y puso como ejemplo el caso Odebrecht, una compañía constructora brasileña que logró penetrar en los distintos poderes de varios países latinoamericanos para apoderarse del mercado de la construcción de obra pública.

“Una de los principales aprendizajes en la operación de las redes es que se ha sofisticado, como lo evidenció el caso Odebrecht, y eso obliga a sofisticar las fiscalías”, enfatizó.

Darle el rango de cuarto poder de la República a la Fiscalía para garantizar su autonomía fue el aporte de Ana Lorena Delgadillo, Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para Justicia en México, para evitar que el fiscal reciba órdenes del superior jerárquico de manera que se garantice la independencia de quien investiga.

“Hay que promover que este sea un poder y que esté libre de los poderes fácticos del país para evitar que se aplique el derecho de acuerdo a la persona que está al frente y de los abogados defensores”, consideró.

Garantizar que la persona que sea nombrada en la Fiscalía pueda ejercer su función con transparencia, con las medidas de protección necesarias frente a eventuales amenazas, hostigamientos, interferencias y criminalización que puedan presentar en el cumplimiento de su labor, son garantías que debe brindar el sistema, a criterio de Alberto Brunori, representante regional para América Central, República Dominicana y el Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Principalmente cuando investigan casos de interés público y ese es uno de los temas en el debate de Costa Rica”, aportó.

El Foro de Justicia es un espacio de articulación, análisis y propuestas constituido con la finalidad de aportar insumos técnicos, con una mirada ciudadana para el fortalecimiento de la administración de justicia en el país.


Perfiles


Los analistas que participaron del encuentro tienen en común una participación activa en el tema de la justicia en la región.

Alberto Brunori (Italia) representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ana Lorena Delgadillo Pérez (México) Directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que impulsa acciones para incidir en cambios estructurales en la procuración de justicia en México.
Daniel González (Costa Rica) Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Consultor de la Universidad Internacional de la Florida, con amplia participación en el proceso de reforma del sistema penal en Costa Rica y otros países de América Latina.
Katya Salazar (Perú) Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, organización regional que promueve el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina.


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