Si a los partidos les queda dinero obviamente hay una fuga que no debe producirse

Pizarrón

Avancemos en materia electoral

Se discute legislativamente la posibilidad de modificar el Art.96 de la Constitución Política, que regula cómo se distribuye el pago estatal del financiamiento público a las campañas electorales.

La esencia de este artículo dice que solo tienen derecho a recibir esa contribución aquellos partidos que saquen un 4% del total de votos, o elijan un diputado.
Esta ha sido una norma que ha permitido y justificado la discriminación política, sobre todo de carácter económico, contra la mayoría de los partidos que participan en los procesos electorales. No hay en la historia político electoral del país un partido que no haya sacado ni un solo voto. Todos los partidos sacan votos.
Ha sido una norma que ha permitido, igualmente, que los grandes partidos, y los que logran el 4% de votos o elijan diputado, acaparen el total del financiamiento público de las campañas, aseguren con ello su existencia y reciclamiento continuo.
Ese artículo 96 es en su esencia anticonstitucional en tanto viola en sí mismo la igualdad jurídica de todos los costarricenses, de todos los ciudadanos o electores, al hacer diferenciación de ellos en el resultado electoral. Veamos. Todos los electores son iguales ante la ley. Sin embargo, aquellos ciudadanos que votan por partidos que no alcanzan el 4% en su resultado no se reconocen, a los efectos económicos de este financiamiento, con el perjuicio que con ello se comete a sus partidos políticos, que al igual que los otros, también gastan en propaganda y organización electoral.
Nunca el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se ha preocupado por democratizar esta norma, como ahora se trata en la Asamblea Legislativa. Esta debería ser una función del TSE, la de preocuparse de cómo mejorar y hacer más democrático el sistema electoral, y no mantenerlo secuestrado por unos partidos, y de cómo hacerlo más participativo.
En este sentido el TSE ha sido cómplice, bien comprometido, en esta injusticia electoral, y más se preocupa de que los ciudadanos no tengan nuevas formas de expresarse electoralmente o de limitarlos al ejercicio único de los partidos, con favorecimiento a los que sacan el 4% de los votos.
La reforma que están discutiendo los diputados es para que se pague, o se reconozca en pago, a cada partido, por el número de votos que obtuvo, donde a cada elector, a cada voto, se hará el reconocimiento de pago respectivo. Así todos los electores valen igual, y todos los partidos recibirán lo proporcional que les corresponda.
Esto hay que apoyarlo, es más democrático, asegura mejor la participación ciudadana y electoral.
La otra parte que debe observarse de este financiamiento público es que es para cubrir gastos electorales, propagandísticos y organizativos, de los partidos, durante el periodo oficial de las campañas electorales.
En teoría no debe quedarle a ningún partido dinero, de este financiamiento, en su cuenta bancaria. No debe quedarles nada de dinero a los partidos, como organizaciones, porque es para pagar o cubrir los contratos que los partidos hacen para efectos propagandísticos u organizativos. Si a los partidos les queda dinero obviamente hay una fuga que no debe producirse, y hay un pésimo control del TSE del manejo público de estos dineros. Y, si así les queda a los partidos, también puede desviarse dinero a personas.
El TSE lleva controles estrictos de los contratos, y de las tarifas, que obligatoriamente los proveedores de servicios electorales hacen a los partidos, porque tienen que inscribir en el Tribunal los precios de esos servicios. Contra eso es que se paga o se reconoce el gasto.
Aun así se producen fisuras importantes en el sistema de financiamiento, y ello ha hecho que el TSE haya tenido que proceder legalmente contra funcionarios de partidos y de llevarlos a los Tribunales de Justicia. Esto está bien, pero aún no es suficiente.
¿Se puede controlar esto? En mi opinión sí. El TSE puede administrar todo el financiamiento público electoral directamente con cuentas de cada partido, contra las cuales los partidos ordenarían los pagos respectivos, de la posible expectativa de derecho de financiamiento que puedan tener.
Las cuentas de los partidos, en el Tribunal, se harían con base en el récord histórico del resultado de la campaña electoral anterior y una distribución porcentual para la que viene, de la siguiente manera.
Si de los posibles ¢33 mil millones que se asignarán a la campaña de 2018, pueden repartirse, para efectos de este ejemplo, en ¢16 mil millones que cubrirán los gastos generales de la campaña, ya que en ninguna campaña se gasta todo lo que se dispone para gastar.
Los presupuestos que los partidos presentan nunca llegan a tanto. Estos ¢16 mil millones el TSE los divide a la mitad, destinando ¢8 mil millones para financiar proporcionalmente, por el resultado de sus votos, a los partidos que participaron en 2014 y vuelven a inscribirse para 2018.
Los otros ¢8 mil millones los reparte de manera igual, ahora sí, entre todos los partidos que se inscriban para 2018, los que repiten y los nuevos. Así se asegura un financiamiento democrático e igualitario para todos los partidos y los ciudadanos, y finalmente los electores.
Contra ese posible dinero, los partidos ordenan al TSE pagar los servicios que ellos contratan contra esa expectativa de dinero. Así se limpia el proceso electoral de cualquier basura que quiera meterse. Y, es el TSE el que lleva el control constante de los gastos, evitando la corrupción que en el manejo de estos gastos ha venido detectando en las últimas campañas. Así se asegura también a todos los partidos el pago de propaganda en los medios de comunicación que cada partido quiera, en lo que le alcance con esos dineros.
Esto acaba, literalmente, también cualquier financiamiento espurio, turbio.
Se podrían prohibir las donaciones particulares si fuera del caso porque no habría necesidad. Pero, admitiéndolas, estas deberían hacerse en la cuenta de cada partido en el TSE, donde se ejercería el control respectivo del origen de esos dineros que se donan a los partidos, que podrían ser para fines específicos de las necesidades electorales.
La reforma que se quiere hacer en la Asamblea Legislativa, por el plazo que queda para las elecciones de 2018, quizá sea tan solo un ejercicio legislativo, y un pulso teórico entre los diputados.
Pero se puede ir puliendo, con urgencia, este procedimiento de participación ciudadana, para hacerlo más efectivo, más rico, más participativo, más democrático. Por ahora me parece un canto a la luna. Ojalá esté equivocado.

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