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Albino Vargas: “Tren no debe ser prioridad ante crisis fiscal”

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 25 junio, 2020 09:45 am

Albino Vargas, secretario de la ANEP. Archivo/La República
Albino Vargas, secretario de la ANEP. Archivo/La República


El déficit fiscal de hasta un 10%, el crecimiento de la deuda por encima del 60% en relación con el PIB y el grave desempleo que afectan a más de 379 mil costarricenses, deben ser la prioridad del gobierno de Carlos Alvarado y no el tren eléctrico interurbano, según Albino Vargas, secretario de la ANEP.

“ANEP reitera posición contraria al tren eléctrico: No es prioridad ante crisis fiscal; tampoco ante fuertes repercusiones socio-económicas negativas de la pandemia del Covid-19; menos ante la grave situación financiera de la Caja. De $50 millones a $150 millones anuales costaría el subsidio para el tren y eso no se vale”, dijo Vargas.

Lea más: “Efectos fiscales” de subsidio para el tren deben contemplarse, según Contraloría

Los efectos fiscales que se generarían por subsidiar un tren eléctrico interurbano por 30 años deben ser contemplados por el gobierno de Alvarado y los diputados, antes de decidirse a impulsar ese proyecto de movilidad urbana, según un informe de la Contraloría General.

Y es que la obra le costaría al Estado entre $50 millones y $150 millones al año durante tres décadas, de acuerdo con los planes del gobierno, además de una inversión inicial de $1.550 millones.

El tren eléctrico de pasajeros ofrecerá a sus usuarios una opción de transporte público moderno, cómodo, seguro, eficiente y ambientalmente responsable, según el gobierno.

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Conectará a 15 cantones del Gran Área Metropolitana de las cuatro provincias más pobladas del país, y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho de vía que hay actualmente.

Brindará servicio por al menos 18 horas diarias, los siete días de la semana, con frecuencias de cinco minutos en hora pico para días laborables y costará unos $1.550 millones, de los cuales, $550 millones serán parte de un préstamo que aprobarían los diputados y el resto, una inversión hecha por un concesionario.


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