Advierte medidas estrictas para el desarrollo de la obra

Secretario de Setena: “Proyecto de APM fue un hito”

Freddy Bolaños niega que la viabilidad ambiental se haya apartado del criterio técnico

Otorgar el permiso ambiental al proyecto de la nueva terminal de contenedores en Moín fue el mayor desafío que debió enfrentar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pues el proceso demoró cerca de dos años y medio.
Fueron muchos meses de análisis de documentación extensa y complicada, salpicados de cuestionamientos, no solo de especialistas ambientales sino también de los sindicalistas de los muelles limonenses, que se oponen a la construcción de la obra, cuyo costo ya asciende a los $1.300 millones.
APM Terminals está lista para arrancar la construcción en enero, para lo que previamente se requiere la orden de inicio por parte del Consejo Nacional de Concesiones. Esta se daría a mediados de enero.
No obstante, la última palabra no está dicha todavía. Los opositores ya se alistan para presentar recursos y apelaciones en contra de la medida, alegando que la comisión plenaria de Setena le pasó por encima a sus técnicos, que existen inconsistencias en la información presentada y que podría darse una contaminación en zonas turísticas del Caribe sur, e incluso en la costa panameña.
Freddy Bolaños, secretario general de Setena, asegura que la decisión se tomó bajo estrictos criterios técnicos y que será vigilante de que se cumplan para minimizar el impacto que traería la obra a la zona de Moín.

¿Cuál es su valoración sobre el final de este proceso?
Puedo decirle que este proyecto ha roto muchos paradigmas en el país, tanto a nivel de lo que la Secretaría Técnica hace como la forma en que se presenta la documentación, y también en la manera en que se manejó y coordinó con las distintas instituciones. Me parece que es un hito. Nunca habíamos tenido un proyecto con tanta cobertura y que afectara a tantos grupos.

El ambientalista Álvaro Sagot afirmó que los peritos le dieron la razón a los opositores al proyecto, pero la comisión plenaria dijo lo contrario. ¿Esto fue así?
Hay un informe que elaboran los técnicos de Setena donde identifican las cosas que fueron cumplidas e identifican algunas otras para llamar la atención de la comisión plenaria y que esta entre a conocerla.
Esta comisión está compuesta por áreas de conocimiento de biología marina, ingeniería sanitaria, ingeniería civil, geotécnica, forestal, agronomía e hidrología, quienes revisan la documentación y encuentran los puntos indicados, por lo que las preguntas que tenían los técnicos quedan solventadas.
No es que la comisión plenaria se está apartando del criterio técnico. Toma el informe técnico, lo analiza y montado sobre ese documento, hace una revisión adicional.
La comisión plenaria, en atención a todo ese trabajo que realiza en conjunto con el equipo técnico, le define a la empresa algunas medidas de control en el proceso de construcción y en el proceso operativo que son sumamente estrictas, precisamente para salvaguardar el ambiente.

¿Serán suficientes esas medidas, tomando en cuenta lo que se dice sobre el impacto que tendría en algunas zonas del Caribe sur?
Sí lo son. Nos manejamos por criterios técnicos, de tal forma que la pluma de contaminación no se va a extender más de nueve kilómetros. ¿Qué base hay para decir que se van a afectar arrecifes o la costa de Panamá? Con base en nuestra investigación y en nuestro trabajo, se determina que eso no es del todo cierto, porque la pluma de contaminación no se va a extender hasta llegar a los arrecifes.

El plazo para la revisión técnica de Setena vencía en marzo. ¿Se apresuró la Setena en hacer su resolución?
Se hizo en el tiempo justo. La normativa decía que había un rango mínimo de seis semanas, y un máximo de seis meses. El proceso duró tres meses, que es un tiempo más que suficiente para la revisión de los documentos.

¿Está satisfecho con la documentación enviada por el concesionario? Se dice que presentó papeles desordenados, no estaban traducidos, etc.
No es cierto que los documentos estén solo en inglés. Había una columna con el texto en inglés y a su lado otra columna con la traducción al español.
La normativa no especifica cómo se debe presentar la información. Lo que tiene que hacer la empresa es presentar la información que se le pide, y nosotros somos los responsables para revisar toda la información, para precisamente encontrar la verdad de los hechos.

¿Qué proceso sigue ahora?
La empresa tiene que entregar los instrumentos de control ambiental en un periodo de tres días, que son la bitácora ambiental y el grupo gestor ambiental que le dará seguimiento al proceso constructivo, esto tiene que estar aprobado por Setena y depositar la garantía. No puede hacer ni media intervención hasta que eso esté listo. Ahora se cierra el proceso de impacto ambiental e inicia el proceso de gestión ambiental.

¿Qué sucede con las apelaciones?
Quienes se oponen a este proyecto pueden utilizar las vías legales, para lo cual también tienen tres días para presentar. Sería un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Nosotros tenemos un mes para responder ese recurso.

¿Qué podría detener la orden de inicio de las obras?
Un proceso contencioso que dé como resultado imponer una medida cautelar.

¿Qué pasa si en el camino ustedes encuentran algún incumplimiento?
La fiscalización que vamos a tener será sumamente estricta. Si las medidas no se cumplen tendremos que detener las obras. Y se hará con un parámetro medible.

Rodrigo Díaz
rdiaz@larepublica.net