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62 años de JUPEMA: defendiendo los derechos de los pensionados
La institución cuenta con la solvencia financiera para pagar las pensiones actuales y futuras de todos sus cotizantes.
Amanda Núñez amandanunez.asesora@larepublica.net | Lunes 14 septiembre, 2020
Durante el mes patrio, además de celebrar el surgimiento de nuestra democracia, también se festeja la creación de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), la cual ha sido piedra angular en el manejo de pensiones para el sector educativo del país.
A lo largo de su historia, el sector magisterial se ha destacado, no solo por formar y educar a niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos del país, sino también por tener una visión que ha permitido el desarrollo de otros sectores.
Con esto en mente, JUPEMA fue fundada con tres propósitos: garantizar la cobertura de las prestaciones de invalidez, vejez y muerte a los trabajadores de la educación, contribuir a extender la seguridad social y cultivar el valor de la solidaridad como herencia política y cultural de la sociedad.
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Símbolo de unidad y defensa de los derechos jubilatorios, JUPEMA ha laborado por 62 años para garantizar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones del Magisterio y los derechos jubilatorios a todos sus afiliados.
A pesar de los obstáculos, se ha consolidado como una institución técnica especializada, con carácter social, cuya gestión exitosa se denota en la debida administración de los procesos del Régimen Transitorio de Reparto y del Régimen de Capitalización Colectiva.
Este régimen alcanza ya cerca de 101 mil trabajadores de la educación en servicio y a 2.500 personas jubiladas, mientras el fondo de pensiones dispone de una reserva de ¢3 billones.
El Régimen de Capitalización Colectiva es un régimen de pensión solidario, en el que todas las personas trabajadoras de la educación, cotizantes a este, aportan un alto porcentaje de su salario para crear un fondo común para el pago de sus pensiones.
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Gracias a la adecuada administración de los recursos, JUPEMA garantiza el pago de una pensión digna para todas las personas trabajadoras de la educación costarricense, ya que cuenta con la solvencia financiera para pagar las pensiones actuales y futuras de todos sus cotizantes.
