37% de los privados de libertad están en la cárcel por delitos contra la vida y narcotráfico
Para este lunes, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial tenían contabilizadas 752 personas asesinadas a manos de sicarios en la gr...
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Cuatro de cada diez personas están tras las rejas por delitos relacionados con el narcotráfico y los homicidios, según el Ministerio de Justicia.
Se trata de unas 5.719 personas aproximadamente, quienes están siendo investigadas o han sido sentenciadas por infringir la ley de Psicotrópicos o por participar en algún delito contra la vida.
Este dato cobra relevancia si consideramos que en estos momentos, Costa Rica vive una guerra entre bandas narcotraficantes, quienes luchan por territorio y rutas de tráfico, generando a su paso una violencia inusitada en el país.
Para este martes, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial tenían contabilizadas 754 personas asesinadas a manos de sicarios en la gran mayoría de los casos.
Por otra parte, el sistema carcelario reporta un sobrepoblamiento de un 11.9% y una reincidencia del 14.5%, si tomamos en cuenta únicamente a las personas sentenciadas. En total, la población carcelaria asciende a 15.472 personas privadas de libertad.
Antes de tomar decisiones en torno a la lucha contra el narcotráfico y el sicariato, se debe pensar con cabeza fría, según Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN. Costa Rica no puede aplicar una mano dura violentando los derechos humanos de las personas por una coyuntura complicada.
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“Pienso que no se trata de aprobar cualquier cosa al calor del momento, sino que se requiere una pausa para impulsar los proyectos que se requieren, que tengan impacto y que no violenten los derechos humanos. En todos los procesos penales se debe cumplir con el debido proceso”, dijo Izquierdo.
En síntesis, el país no puede implementar una política al estilo del presidente Nayib Bukele de El Salvador.
“Con una sola acción, como meter a la gente en la cárcel, no vamos a resolver todos los problemas y en ese sentido, debemos pensar que también somos un país garantista; es decir, que cualquier decisión que tomemos no debe olvidar el principio de inocencia, que las personas acusadas tengan un abogado y que se cumpla con el debido proceso”, dijo Vanessa Castro, diputada del PUSC.
La legisladora se refirió a una consulta de LA REPÚBLICA sobre el endurecimiento de las medidas cautelares y los beneficios carcelarios.
