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Tras advertir que el país está cerca de vivir una crisis sanitaria sin precedentes, 14 municipalidades del Gran Área Metropolitana (GAM), exigieron la suspensión inmediata de un decreto del Ministerio de Salud que prohíbe el traslado de residuos sólidos a una distancia de 80 kilómetros, a la vez que pidieron un diálogo urgente con el Gobierno.
“Este no es un rechazo al cambio, sino un llamado a construir políticas públicas sostenibles, viables y democráticas, con la participación activa de quienes enfrentamos el problema en el territorio”, señala el pronunciamiento firmado por los alcaldes y vicealcaldes de los 14 municipios.
Las autoridades locales señalaron cuatro grandes deficiencias del decreto:
Desconocimiento de la realidad territorial e infraestructura insuficiente
Violación de la autonomía municipal
Falta de respaldo financiero y técnico
Posible colapso del sistema de gestión de residuos
Y es que de mantenerse el decreto sin modificaciones, varios cantones podrían quedarse sin opciones legales para manejar sus residuos, generando una crisis ambiental y sanitaria en zonas densamente pobladas del país.
El pronunciamiento fue suscrito por autoridades locales de San José, Alajuelita, Desamparados, Moravia, Santa Ana, Heredia, Barva, Belén, San Rafael, San Isidro, Tibás, Curridabat, Goicoechea y Montes de Oca.
Tras denunciar que su inversión está en riesgo y que urge detener “una progresiva expropiación de facto” que podría resultar en pérdidas superiores a los $125 millones, los propietarios canadienses de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (EBI), dirigido por Gestion Bayonne Inc. (GBI), anunciaron a inicios de julio un proceso de arbitraje internacional.
La denuncia contra el Estado costarricense fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
La empresa, además, advirtió que la situación puede derivar en “una crisis nacionalde gestión de residuos”, especialmente tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año.
“EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legalespara desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa”, señaló Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica.
La decisión responde a “decisiones arbitrarias” por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, según la empresa, quien acusó a esos municipios de realizar una campaña “perpetua y sesgada” contra EBI.
Esto ha impedido el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos.
“Durante más de dos décadas, EBI ha sido un aliado estratégico de Costa Rica en la gestión moderna, sostenible y segura de residuos sólidos, operando tres Parques de Tecnología Ambiental (PTA) y tratando cerca del 65% de los residuos generados en el país. Sin embargo, la imposibilidad de habilitar nuevos centros de tratamiento amenaza con detener sus operaciones en el corto plazo”, agregó la empresa.
