Defensoría urge diálogo sobre IA y fraudes financieros

En momentos que la la Inteligencia Artificial (IA) avanza a pasos agigantados a nivel mundial, crece la preocupación de que la tecnología sea usada para fines ilegales, incluida la posibilidad de que mayores ataques a sistemas informáticos y fraudes financieros.

Es por ello, que la Defensoría de los Habitantes pidió crear una mesa de trabajo interinstitucional para analizar si Costa Rica cuenta con herramientas suficientes para enfrentar los riesgos asociados al uso la IA.

Actualmente, el el país dispone de un marco jurídico general, robusto y tecnológicamente neutro, capaz de abarcar el uso de herramientas de IA para combatir el fraude sin necesidad de crear normas específicas para esta tecnología, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Sin embargo, lo cierto es que mantener el principio de neutralidad tecnológica no impide que el país avance de manera progresiva hacia mecanismos específicos de supervisión y gestión de riesgos relacionados con la IA.

En ese sentido, la Defensoría destaca que los costarricenses sí son muy vulnerables a sufrir fraudes electrónicos, por lo que se deben hacer esfuerzos para tratar de mitigar su impacto.

Después de la pandemia de Covid-19, la habilitación de canales digitales y el uso de más tecnología, ha hecho que los ticos sean cada vez más vulnerables.

Entre los aspectos señalados figuran el fortalecimiento de la evaluación de riesgos durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, la gobernanza y asignación de responsabilidades, así como la seguridad de los datos, modelos, interfaces y componentes tecnológicos.

La propuesta busca coordinar esfuerzos técnicos, compartir conocimientos especializados y desarrollar instrumentos de orientación, guías de buenas prácticas y marcos metodológicos para garantizar un uso ético, seguro y transparente de la inteligencia artificial en los servicios financieros.

El objetivo sería avanzar en estas herramientas sin invadir las competencias legales ni la independencia de cada una de las instituciones involucradas.