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Con el objetivo de evitar que los narcotraficantes usen su dinero ilícito para contratar a sus defensores legales, el diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que obligaría a justificar la legalidad de los recursos económicos.
La idea es que el dinero en efectivo solo sirva para pagar parcialmente los honorarios.
“Para combatir seriamente al narcotráfico no basta con decomisar drogas, también tenemos que seguir el dinero. Toda persona tiene derecho a una defensa y a escoger libremente a su abogado, pero ese derecho no puede convertir el pago de millones de colones en una zona sin trazabilidad para el Estado”, señaló el diputado frenteamplista.
La propuesta permite pagar honorarios en efectivo hasta diez salarios base (aproximadamente ¢4,6 millones).
A partir de ese monto, cuando los honorarios superen ese monto, o cuando varios pagos fraccionados alcancen acumulativamente ese límite, los pagos posteriores deberán realizarse mediante cheque, transferencia electrónica u otros medios procesados por entidades financieras supervisadas que permitan identificar al pagador, al beneficiario, el monto y la fecha de la operación.
Además, la persona investigada, acusada o condenada que efectúe el pago, o el tercero que pague por ella, deberá acreditar, cuando corresponda, el origen lícito de esos fondos.
“Con esta propuesta, vamos a cortar los tentáculos del crimen organizado en los tribunales de justicia”, concluyó el legislador.
