Atendiendo una solicitud de medida cautelar urgente por parte de Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional ordenó este lunes a los diputados suspender la votación en segundo debate del presupuesto de la República para el 2027.
La orden del máximo tribunal fue firmada por Fernando Cruz, magistrado de la Saia IV y presidente a.í, y se da a conocer un par de horas después de que Vargas, almorzara con la mandataria Laura Fernández para tratar de limar asperezas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Tras el encuentro, las dos jerarcas anunciaron que se reanudará el diálogo político en aras de buscar soluciones a los problemas de inseguridad que vive el país, a la vez que se pactó una nueva reunión para el próximo 20 de noviembre.
Sin embargo, esto no significa que Vargas y el resto de magistrados de la Corte Suprema no se opongan a varias normas de ejecución presupuestaria que condicionan la entrega de unos ¢30 mil millones al Poder Judicial para el otro año.
“Las normas de ejecución presupuestaria nos ponen en una situación complicada para el año próximo e impedirían que cumplamos las tareas que constitucionalmente nos corresponde hacer”, advirtió Vargas.
Y es que, de acuerdo con lo aprobado por los diputados en primer debate, el dinero en cuestión solo se entregaría al Poder Judicial si la bancada oficialista de Pueblo Soberano y el Ministerio de Hacienda están de acuerdo.
En ese sentido, la mandataria Fernández se comprometió a revisar el tema.
En horas de la tarde, la orden de la Sala IV llegó al plenario legislativo; sin embargo, Yara Jiménez, presidenta del Congreso, sostiene que la notificación fue extemporánea al inicio del acto de discusión.
Bajo esa premisa, el partido Pueblo Soberano forzó la discusión del presupuesto. en su trámite de segundo debate y para este momento, se supone que el tema se daría por discutido, pero no se votará, hasta conocer la resolución de la Sala IV.
Nueva violación a la Constitución
La decisión de la bancada oficialista, hizo que los partidos de oposición denunciaran una supuesta nueva violación a la Constitución Política.
El Frente Amplio, el PUSC, el PLN, y Agenda Ciudadana lamentaron que el gobierno insista en impulsar una medida que es ilegal, tanto por el fondo, como por el procedimiento usado.
"La aprobación de un presupuesto debe respetar la Constitución y la independencia de los Poderes de la República. Esta medida permite que la Sala Constitucional conozca los cuestionamientos planteados antes de que se concrete la votación definitiva”, señaló Diana Murillo del PLN.
Abril Gordienko, diputada del PUSC, se refiere al tema de las normas presupuestarias, la Sala IV y la decisión de Pueblo Soberano de continuar con el debate en torno al presupuesto.Para la legisladora, no procede continuar con el trámite mientras hay una medida cautelar. https://t.co/xC7CwfAn9e
— Esteban Arrieta (@estarrar) November 10, 2026





































