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Hablando se entiende la gente y, por ello, la presidenta Laura Fernández y Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, acordaron este lunes restablecer el diálogo entre el Gobierno y el Poder Judicial.
Como parte de los acuerdos, los magistrados fueron invitados a integrarse al grupo Fuerza Élite, mientras que Fernández se comprometió a revisar las normas de ejecución presupuestaria que cuestiona la Corte.
Además, se estableció una reunión para el próximo 20 de noviembre, con la participación de Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Eugenia Zamora, jerarca del TSE, con el objetivo de que todos los poderes de la República estén representados en una mesa de trabajo para buscar soluciones conjuntas al problema del crimen organizado y el narcotráfico.
Y es que, al margen de los dimes y diretes habituales de los últimos meses y de los cuestionamientos por la situación de seguridad que enfrenta el país, las jerarcas de ambos poderes hicieron este lunes un llamado a dejar de lado las diferencias y abrir espacios de conversación.
“No teníamos el gusto de conocernos en persona y creo que eso también es importante. Intercambiamos teléfonos para poder compartir mutuamente inquietudes, tener más cercanía, incluso una comunicación más cordial, con un respeto, por supuesto, absoluto a las tareas de cada una de nosotras”, manifestó Fernández.
La mandataria agregó que durante el encuentro también planteó algunas preocupaciones sobre temas en los que considera que se puede mejorar la coordinación entre ambas instituciones.
En materia de seguridad, Fernández aseguró que existe coincidencia sobre la necesidad de involucrar a todos los poderes de la República para enfrentar el crimen organizado y mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad.
“Ambas estamos claras (...) en que la situación de la seguridad nacional como problemática requiere de la intervención necesaria de todos los supremos poderes de la República si verdaderamente queremos incidir en cambiar la realidad nacional del crimen organizado y tener mejores resultados en la lucha contra la inseguridad que golpea al país”, señaló.
Por su parte, Vargas calificó la conversación como un encuentro grato y franco, y aseguró que representa el inicio de una nueva etapa de diálogo y construcción de acuerdos.
“Creo que empezamos hoy un nuevo espacio de diálogo y de construcción, que es lo que demanda la ciudadanía costarricense, la búsqueda de respuestas conjuntas para los problemas que enfrenta este país”, indicó la presidenta de la Corte.
En ese sentido, uno de los principales puntos abordados fue el desacuerdo por las normas de ejecución presupuestaria incluidas en el Presupuesto Nacional de 2027, que, según advierte el Poder Judicial, podrían limitar su capacidad operativa.
Las disposiciones establecen una serie de condiciones para que la Corte pueda acceder a ¢30 mil millonesdurante el próximo año. Entre ellas, se contempla el aval del Ministerio de Hacienda y de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como el cumplimiento de metas y la presentación de informes financieros auditados por la Contraloría General de la República.
En la práctica, el acceso a esos recursos quedaría sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos, una situación que los magistrados consideran que podría dificultar el funcionamiento de la institución y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
Vargas reconoció que el Poder Judicial comprende la situación económica del país y que se está ajustando a los recursos asignados para 2027.
Sin embargo, insistió en que necesita mayor margen de maniobra para desarrollar sus funciones.
“Las normas de ejecución presupuestaria nos ponen en una situación complicada para el año próximo e impedirían que cumplamos las tareas que constitucionalmente nos corresponde hacer”, advirtió.
Ante este reclamo, Fernández manifestó su disposición a revisar las disposiciones y aclaró que el propósito de las condiciones presupuestarias nunca fue afectar el funcionamiento de la Corte.
“El espíritu de la Asamblea Legislativa y también el espíritu del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y nunca que se vea como una camisa de fuerza que pueda generar alguna problemática en el buen funcionamiento del Poder Judicial”, afirmó.
La presidenta anunció que se organizará un encuentro técnico entre los equipos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para analizar la interpretación de las normas y determinar si es necesario realizar explicaciones adicionales o revisar su aplicación.
“Hay toda la buena voluntad de mi parte de colaborarle al Poder Judicial en la revisión de las normas presupuestarias”, agregó.
El acercamiento entre ambas instituciones ocurre en momentos en que Costa Rica continúa enfrentando elevados niveles de violencia y criminalidad.
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que, al 3 de noviembre, el país registraba 707 homicidios. Si durante noviembre y diciembre se mantiene un promedio cercano a 70 asesinatos mensuales, Costa Rica podría cerrar 2026 con alrededor de 850 víctimas.
La cifra representaría una reducción frente a los 873 homicidios registrados durante 2025, pero implicaría todavía una situación grave.
En este contexto, las jerarcas coincidieron en que la respuesta a la inseguridad no puede depender de una sola institución y requiere coordinación entre los poderes de la República.
“Siempre lo he dicho, hablando se entiende la gente y creo que hoy dimos un paso muy importante hacia una hoja de trabajo en equipo”, concluyó Fernández.
