Como parte de varias denuncias de supuesto maltrato y abuso de los derechos humanos, la Defensoría de los Habitantes y Carlo Díaz, fiscal general, realizaron este viernes una visita a la prisión de máxima seguridad El CACCO.
El objetivo era conocer de primera mano los testimonios de los reos que están en máxima contención.
En ese sentido, las autoridades manifestaron su preocupación y señalaron que estarían investigando la situación.
El fiscal confirmó que hay reos que han sido golpeados y que, al cortarles el cabello, no hubo un trato adecuado.
Mientras tanto, la Defensoría anunció que se investigarán las denuncias.
“Durante la visita recibimos denuncias sobre presuntas agresiones físicas a personas privadas de libertad y falta de atención médica a pacientes con enfermedades graves. Además, constatamos la ausencia de mecanismos para presentar quejas ante nuestra institución. Estas situaciones serán investigadas y analizadas técnicamente. Asimismo, recordamos a las autoridades penitenciarias que está prohibida cualquier represalia contra quienes brindaron información durante la inspección. La seguridad y el respeto a los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente”, dijo Angie Cruickshank, defensora de los habitantes.
Show
Por su parte, Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, calificó el recorrido de un show en su muro de Facebook.
El jerarca lamentó que el recorrido fuera de imprevisto y no coordinado.
“En este momento, el fiscal general de la República llegó al CACCO acompañado de la Defensoría de los Habitantes y jueces de ejecución de la pena. Y, por supuesto, ¡con prensa incluida para montar un espectáculo mediático! Todo esto, sin previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz. ¿Persecución obsesiva y show politiquero? Que cada costarricense saque sus propias conclusiones sobre estas actuaciones —especialmente las del fiscal general de la República—, del lado de quién están y a quién defienden”, dijo el funcionario.
El CACCO tiene capacidad para albergar a 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos con 1.020 espacios cada uno. Cada módulo cuenta con 17 celdas de aproximadamente 90 metros cuadrados, diseñadas para alojar hasta 60 reclusos por espacio.
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Justicia y Paz, la ocupación progresiva del centro contribuirá a disminuir la sobrepoblación penitenciaria, que actualmente se estima en un 59%. La institución prevé que este indicador se reduzca al 15%, lo que representaría una disminución de 44 puntos porcentuales.
Las instalaciones disponen de videovigilancia permanente, sistemas tecnológicos de monitoreo y presencia policial estratégica en pasarelas y puntos de control. Estas herramientas permitirán supervisar los movimientos de los reclusos y prevenir incidentes que comprometan la seguridad.
Por razones operativas, las autoridades no divulgarán la cantidad de oficiales asignados a la vigilancia de los cinco módulos del complejo.





































