Voracidad fiscal de Carlos Alvarado hace que el gobierno cometa incongruencias: diputados

El gobierno de Carlos Alvarado cobra impuestos a las plataformas de movilidad colaborativa como es el caso de Uber y DiDi desde el viernes anterior, pero a la vez, las considera ilegales, lo cual, solo se explica por la voracidad fiscal de esta administración, según varios diputados de oposición.

La necesidad de recursos por parte del gobierno se debe al elevado déficit fiscal -superior al 10% del PIB al término del año – y al peso de la deuda pública por encima del 60% del PIB.

Para evitar esta incongruencia se debería discutir y aprobar a la brevedad, una ley que regule a estas plataformas.

Sin embargo, el gobierno PAC – desde hace seis años – viene postergando el tema y ahora trata de echarle la culpa a los legisladores, dijo Karine Niño, congresista de Liberación Nacional.

Y es que a mediados de la semana pasada, Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, urgió a los legisladores a tomar cartas en el asunto.

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Esto, sin importar que en estos momentos es el Poder Ejecutivo el que maneja la agenda de sesiones del Parlamento, por lo que define los temas que debaten los diputados.

“El proyecto de Uber DiDi y otras plataformas similares está sin convocar y sin consenso para avanzar por culpa del Gobierno. (…) Básicamente es extraño la posición del Gobierno de pedir regular este tema, cuando durante estos años los que nos han frenado han sido ellos”, agregó Niño.

Y es que en estos momentos los oficiales de tránsito tienen la orden de detener y multar a los conductores de Uber y otras plataformas, a la vez que Hacienda cobra el IVA por las transacciones que se generan en el mundo virtual.

La multa asciende a más de ¢170 mil, además del decomiso del vehículo por brindar un servicio de transporte público sin el permiso necesario, mientras que el tributo que se cobra es de 13% por cada viaje que se hace.

“El gobierno tiene un enfoque recaudatorio, una sed fiscal que los lleva a plantear contradicciones como esta”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado de la Unidad.

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En la corriente legislativa hay varias propuestas de ley sobre el tema, pero el gobierno no ha querido discutir ninguna de ellas.

Evitar un conflicto social entre los taxistas y los conductores de plataformas en medio de una emergencia sanitaria, hacen que el gobierno sea cauto.

Mientras tanto, en la práctica existe un vacío legal y muchos de los usuarios prefieren pagar en efectivo para no pagar el impuesto.

“En Uber somos respetuosos de la legislación y buscamos ser un aliado de las ciudades. Desde que nuestra app está disponible en Costa Rica, hace cinco años, hemos cumplidores responsablemente con todas las obligaciones tributarias que la ley exige”, respondieron los representantes de Uber Costa Rica al pedirles una reacción al respecto.

De igual forma, Carolina Murillo, encargada de Comunicaciones de DiDi Costa Rica señaló que se encuentran a la espera de que la resolución sea publicada para conocerla y hacer un análisis técnico de sus alcances.

“Como es costumbre DiDi, es respetuosa de las resoluciones e instancias de las autoridades”, agregó Murillo.