Fomentar el diálogo y el consenso con el sector técnico, incluyendo operadores y proveedores, en procura del desarrollo de regulaciones efectivas y adecuadas al entorno de redes 5G, así como generaciones anteriores y posteriores, es el llamado que hacen los agremiados al Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).
“Tomar en cuenta la opinión de los actores de tecnología que poseen conocimientos especializados en la materia es esencial para la creación de políticas informadas y efectivas”, indica la agrupación a través de un comunicado.
Y es que, en torno al Convenio de Budapest como ‘piedra angular’ del Reglamento de Ciberseguridad para 5G, son enfáticos en que tal acuerdo internacional no está directamente relacionado con la ciberseguridad aplicada a redes de telecomunicaciones.
“Si el Estado pretende regular la ciberseguridad de sus operadores en el ámbito de las telecomunicaciones, abogamos por el uso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) como instrumento de medición y control. Para garantizar la eficacia de este enfoque, es esencial dotar a la Sutel de los recursos necesarios y las potestades legales apropiadas”, sugieren en el CPIC.
Por otra parte, consideran vital la defensa de la neutralidad tecnológica como principio fundamental para garantizar la transparencia y el aprovechamiento de la base instalada de infraestructura de telecomunicaciones.
La feria abrió este viernes con una ceremonia inaugural que contó con la presencia del embajador de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, y de la viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce Camacho. Tras el acto, ambos recorrieron el salón de exhibición y conversaron con los expositores.
La producción, dirigida por Yuval Abraham y Rachel Szor, aborda los mecanismos detrás del asesinato de civiles palestinos en Gaza por parte de tropas israelíes.
Loa oficialistas cuestionan la decisión de Liberación Nacional (PLN) de condicionar su participación en las negociaciones sobre el sistema eléctrico a cambio de inyectarle unos ¢30 mil millones adicionales al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Bajo el nombre Al Chile Tour, la iniciativa propone una ruta gastronómica en la que cada establecimiento presentará una combinación exclusiva de ingredientes y sabores.
Se trata de un puñado de medidas que, en conjunto, implicarían que la Corte no acceda a unos ¢30 mil millones, a menos de que sean aprobados por el Ministerio de Hacienda y los diputados de la bancada oficialista de Pueblo Soberano durante el próximo año.