PLN acudirá a Sala IV por condicionamiento del gobierno para entregar ¢30 mil millones al Poder Judicial en 2027

Al considerar que se violenta la Constitución Política, la diputada Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), acudirá a la Sala IV para cuestionar la legalidad de varias normas de ejecución presupuestaria que afectarían al Poder Judicial para el próximo año.

Se trata de un puñado de medidas que, en conjunto, implicarían que la Corte no acceda a unos ¢30 mil millones, a menos de que sean aprobados por el Ministerio de Hacienda y los diputados de la bancada oficialista de Pueblo Soberano durante el próximo año.

Las normas de ejecución presupuestaria también incluyen la obligatoriedad de emitir, por parte del Poder Judicial, informes y certificaciones ante la Contraloría.

Según el Poder Judicial, esto afectaría los recursos destinados a cubrir gastos operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los tribunales.

Ante esta situación, la legisladora que representa a la provincia de Heredia presentó varias mociones para eliminar esos condicionamientos que exige Hacienda, pero todas fueron rechazadas por la Comisión de Hacendarios este viernes.

“No solo crea inseguridad jurídica, sino que afecta el trabajo del Poder Judicial”, dijo Aguilar sobre este tema.

Golpe fuerte a la lucha contra la inseguridad

Sobre este tema, el Poder Judicial ha señalado que la decisión del Gobierno complicaría su capacidad operativa en momentos en que Costa Rica está siendo azotada por una guerra entre bandas narco.

“Nos recortan más, entre más exitoso es el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público”, dijo anteriormente la magistrada Patricia Solano, de la Sala III, sobre este tema.