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Tomas Nassar tnassar@nassarabogados.com | Jueves 13 septiembre, 2007

Tendrán sus argumentos, tanto detractores como defensores del proceso de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Parece que seis años después de haberlo asumido el gestor, sus carencias, débanse a lo que se deban, son terreno fértil para que los adversarios del proceso, gratuitos, interesados o ideológicos cuestionen nuestra capacidad como país para asumir obras importantes, más aún cuando son necesarias e impostergables. A buen decir, así pensarán también los miles de simples pasajeros avasallados por las a veces agobiantes e interminables filas migratorias, que en justicia más se deben a limitaciones presupuestarias que abaten a Migración, que a otras causas.

Más allá de las verdades particulares, axiomas individuales de los pros y los contras, parece que finalmente las obras pendientes cuentan con los recursos financieros para que podamos tener, no en muy largo plazo, un aeropuerto del tipo que requiere el incremento en los pasajeros, la carga y el número de operaciones de las aerolíneas que, cada día más, sirven el tráfico internacional.

Junto a lo que puede ser solamente la buena noticia, me parece que lo más destacable ha sido la capacidad demostrada por el equipo a cargo del Consejo Técnico y la Dirección General de Aviación Civil, para concluir con un proceso de negociación que, desde hace muchos años, no tenía rumbo fijo ni llevaba, como quedó demostrado, a puerto alguno.

Los méritos del CTAC son puntuales: entendió claramente que el aeropuerto es importante para el país, aunque mencionarlo parezca una paradoja, definió la ruta y con habilidad y buena mano, condujo el proceso hacia el resultado esperado; y aunque hubo avatares en el camino, logró imponer a un grupo de importantes bancos internacionales, con la ley en la mano, las condiciones de lo que entendieron era la conveniencia nacional.

Será ahora la Contraloría General de la República la responsable de determinar si lo negociado por el CTAC con los bancos financistas de Alterra, es conteste con el ordenamiento jurídico del país y con el Contrato de Gestión Interesada y, en ese caso, concederle el refrendo para que se pueda disponer de los recursos que el proyecto requiere.

El Estado debe aprovechar las enseñanzas de este diferendo: es indispensable más claridad en el planeamiento conceptual de los procesos de participación privada en la gestión de servicios y obras públicas, en la elaboración de los términos y condiciones del cartel licitatorio y en la confección del contrato respectivo. La confrontación que nos pudo haber llevado a perder la oportunidad de contar con un aeropuerto de la categoría que requerimos fue consecuencia de la imprevisión de gobiernos anteriores, de su falta de claridad y, quizás, de entendimiento de todas las circunstancias técnicas, operativas y financieras en torno a este proyecto.

Importante la disposición de Alterra de facilitar la negociación e inteligente la decisión de los bancos de seguir adelante con los desembolsos.

Muy bien, en especial, por el CTAC. Ojalá que la licitación del Daniel Oduber culmine también con nota 10.

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