Una sociedad libre de armas de fuego y violencia

Patricia Mora Castellanos

Presidenta ejecutiva del INAMU

Ministra de la Condición de la Mujer

La presencia de armas de fuego tiene siempre el mismo efecto: a mayor número de armas, mayor peligro para todos, especialmente para las mujeres. Se calcula que actualmente hay casi 900 millones de armas de fuego circulando por el mundo. Casi el 75% de ellas está en manos de particulares, en su mayoría hombres.

Al analizar la tenencia de armas en nuestro país observamos que actualmente del total de permisos de portación de armas, 38.612 han sido entregados a hombres, frente a 2.767 a mujeres. Estos datos nos sugieren que la relación de las mujeres con las armas de fuego es principalmente como víctimas de su uso.

Las mujeres asesinadas con estas armas mueren más en manos de sus parejas o familiares, que por ataques de desconocidos. La violencia machista, sean amenazas, puñetazos o armas, tiene su raíz en la discriminación dominante que niega a las mujeres la igualdad respecto a los hombres. La presencia de un arma en un hogar hace que las mujeres estén expuestas a un riesgo muy alto, aumentando drásticamente la probabilidad de que la violencia domestica termine en un femicidio.

La tenencia de armas de fuego se vincula directamente con el modelo patriarcal de la masculinidad, donde un arma representa la dominación sexual, y genera la idea de que el hombre es el responsable de la “seguridad de su familia”, cuando en realidad es un modelo que muta del poder de protección al poder de dominación. “El estereotipo masculino heroico de muchas sociedades puede seguir siendo el que lleva la pistola. Este tipo ideal tiene graves consecuencias para las mujeres”, concluye la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de la ONU.

En países donde se permite la posesión de armas, como en Estados Unidos, el acceso a una pistola en el hogar quintuplica la probabilidad de que una mujer sea asesinada por su compañero. El hecho de tener un revólver en el hogar aumenta en un 41% el riesgo de que algún miembro de la familia sea asesinado, para las mujeres en concreto, esta probabilidad casi se triplica (aumenta un 272%). Los datos en Costa Rica confirman el rol de las armas de fuego en los femicidios. En los últimos cinco años, entre el 25% y el 38% de los femicidios registrados en el país se cometieron con estas y el porcentaje va en crecimiento.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en su Observación General 30 agregó que “la proliferación de armas convencionales, especialmente las armas pequeñas, incluidas las armas desviadas del comercio legal, pueden tener un efecto directo o indirecto en las mujeres como víctimas de la violencia por razón de género […] como víctimas de la violencia doméstica y también como manifestantes o activistas en movimientos de resistencia”. A nivel regional la Comisión Interamericana ha sostenido que la presencia de un alto número de armas de fuego en manos de particulares representa una manifestación de la violencia que nuestras sociedades enfrentan cotidianamente para la convivencia democrática.

El Estado costarricense puede y debe establecer controles para el acceso y portación de armas, incluso restringiendo el uso de estas por particulares. La Sala Constitucional, mediante la resolución Nº 2010-002479 del 2010, concluyó que no existe un derecho fundamental a la portación de armas y que esta es susceptible a ser limitada en procura del interés de la colectividad.

Las políticas que regulan el acceso a las armas de fuego protegen a las mujeres. Un estudio de 2003 comparó las leyes sobre tenencia con las tasas de suicidio en los 50 estados de Estados Unidos y encontró que donde las leyes de armas de fuego eran más restrictivas, las tasas de suicidio eran más bajas y había menores índices de violencia doméstica.

No basta con reducir el número de armas a una por persona, la experiencia comparada demuestra las ventajas de optar por una sociedad libre de violencia armada. La ley en Japón lee textualmente que “ninguna persona poseerá un arma o armas de fuego, o espada o espadas”. Se parte de la presunción de que nadie puede tenerlas y, de ahí, se introducen las excepciones para policías en horario de servicio. El resultado ha sido una mortandad de casi cero por armas de fuego.

En 1996 un hombre entró en una escuela primaria y mató a 16 niños y su maestra en Escocia; el impacto del crimen causó una indignación que llevó a una campaña para prohibir la posesión privada de armas de fuego cortas. A partir de allí, las leyes cambiaron en ese país de 5 millones de personas. A los diez años del cambio, el número de delitos relacionados con armas de fuego había disminuido en casi un 75%, reportándose un único homicidio con armas de fuego en 2017.

La seguridad, finalmente, es un asunto de interés que compete al Estado. Promover el uso de armas para la defensa personal es trasladar esa responsabilidad de la esfera pública al ámbito individual, poniendo en riesgo los propios fundamentos del pacto social y vidas humanas, en particular las de las mujeres.