Una política integrada para recuperar la seguridad ciudadana

Las encuestas son contundentes.

La inseguridad en las calles y en los barrios, los disparos en los lugares públicos, los asesinatos diarios, los asaltos, la violencia, nos agobian a todos.

La inseguridad es mayor preocupación de los ciudadanos que la situación económica. Lo es a pesar de que no se ha recuperado ni siquiera la cantidad de empleos de hace tres años; de que baja la inflación, pero los precios de los bienes esenciales son hoy más altos que antes de la guerra en Ucrania; de que con la pandemia aumentó la pobreza y no parece haber retornado al nivel alto y estancado anterior a la covid-19.

Los números concuerdan con las encuestas sobre el incremento en la inseguridad ciudadana y la escalada de la violencia. Para dar una idea del incremento en la criminalidad en las últimas dos décadas recuerdo que durante mi gobierno la cifra de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes estuvo en alrededor de 6 (6,4 en 1999 con una ligera disminución a 6,3 en 2002), pero en 2008 se había casi duplicado para llegar en solo 6 años a 11,8. La Organización Mundial de la Salud considera 10 o más asesinatos por 100.000 personas año como una epidemia. Esta terrible calamidad siguió aumentando hasta llegar a 12 en 2010, luego disminuyó hasta bajar a 8,7 en 2013, pero desdichadamente volvió a subir en 2017 a 12 y el año pasado a 12,6. Tal como lamentablemente van los casos de homicidio doloso este año se podría llegar a 900 asesinatos que significaría 17 por cada cien mil habitantes. Prácticamente tres veces más que a principio de siglo.

Además, mientras en nuestra región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana el numero de homicidios ha venido disminuyendo según reporta el PNUD, entre nosotros está creciendo. Es una región donde las diversas naciones son potenciales y actuales rutas de tránsito de drogas hacía EEUU y Europa.

La mayor parte de esos homicidios están relacionados con tráfico de drogas. Y en ese campo las circunstancias son preocupantes porque se ha venido dando un aumento del área cultivada de coca en Colombia, según los reportes de Naciones Unidas. En 2002 se estimó esa área en 102.000 hectáreas, pero ya en 2021 el estimado es de 204.000 hectáreas. Con las políticas que está siguiendo el gobierno del Presidente Petro en Colombia esa área y la producción de cocaína podría tener mayores incrementos.

Es una tarea muy compleja recuperar la tranquilidad en los barrios y en nuestras calles y se requiere la cooperación de todos. Requiere la participación bien planificada y coordinada de los tres Poderes de la República y el apoyo de la ciudadanía.

La Asamblea Legislativa tiene en trámites un grupo de proyectos de ley sobre esta materia. El Sr Presidente Chaves presentó sus iniciativas para enfrentar el grave problema de la asfixiante criminalidad. Es necesaria una acción coordinada que integre esos esfuerzos, y conviene que los entes especializados presten oído a las opiniones de ciudadanos y recaben información y ayuda en la academia y de gobiernos amigos que hayan logrado éxito en este campo.

Como Diputado y como Presidente participé en algunas iniciativas exitosas frente al crimen. Se que la situación es hoy mucho más complicada como los números que comparto lo confirman. Entiendo que más que ideas lo que se requiere son políticas públicas concretas, bien justificadas, con los recursos para ponerlas en práctica y con un cronograma y entes específicos responsables de la ejecución de cada una de las acciones para poder medir lo que se vaya logrando.

Pero me atrevo a plantear a las autoridades la importancia de dos áreas de acción que estoy seguro conocen, pero respecto a las cuales vale la pena crear consciencia entre los ciudadanos para facilitarles a los gobernantes que las pongan en práctica.

NECESITAMOS BUENA INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA

La primera es que la base de la planificación y de la ejecución de políticas para la seguridad ciudadana es la recopilación de información y los servicios de inteligencia.

Los recursos siempre son limitados casi para cualquier actividad humana. Si incrementamos el conocimiento con el que ponemos en uso los recursos les podemos sacar mejor provecho y obtener mejores resultados.

Necesitamos buena información y servicios de inteligencia para detectar mejor el movimiento de las grandes cantidades de droga que se movilizan de los centros de producción hacía los mercados de consumo. Si hacemos que en nuestro territorio sea mayor la posibilidad de captura disminuirá el tráfico que buscará rutas más propicias. Entre menos droga penetre al país menos poder tendrán las mafias locales, y menos droga quedará para propiciar la distribución al menudeo con su consecuencia de violenta criminalidad en nuestras ciudades y pueblos.

Obtener información sobre el ingreso de los cargamentos requiere de gran coordinación con los servicios de inteligencia y policía de EEUU y de los países productores.

Obtener información sobre la salida depende de nosotros. ¿Por qué no se han podido poner a funcionar adecuadamente los escáneres en los puertos y aeropuertos? ¿Será necesario que los operadores trabajen físicamente en los lugares de embarque, o con la tecnología moderna de infocomunicación lo podrán hacer desde búnkeres secretos? ¿Cómo evitar que los operadores sean conocidos por los narcotraficantes para que no les puedan ofrecer plata o plomo?

La segunda gran área de información y de servicios de inteligencia necesaria es la geográfica. ¿Dónde y cómo opera cada grupo criminal? ¿Cómo y dónde reclutan a sus integrantes? ¿Cuáles grupos mafiosos se están enfrentando? ¿Cómo y con quién se relacionan en el exterior?

La tercera y tal vez más importante área en que la información y los servicios de inteligencia son esenciales es la permanente, cuidadosa y constante revisión de las infiltraciones de los grupos criminales entre las autoridades policiales, de investigación y judiciales.

Enfrentar a la criminalidad de nuestros días con éxito es muy difícil si no se cuenta con esa información y con esos servicios de inteligencia. Sin esa información que es esencial para planificar y ejecutar políticas de prevención y represión de los delitos la alternativa que se abre es la de meter a todos los sospechosos y a quienes no sean del gusto de las autoridades a inmensas prisiones. Y eso sería destruir nuestra civilidad y el estado de derecho que tanto esfuerzo ha costado construir en nuestros ya más de dos siglos de vida republicana. Podríamos obtener más seguridad ante los criminales, pero a costa de gran inseguridad ante las autoridades.

NECESITAMOS MÁS Y BUENA POLICIA

Cuando llegamos al gobierno en 1998 había solo 8397 policías, de los que solo 520 habían pasado por la Academia de Policía. En 25 años no se había incrementado la fuerza policial. Creamos 1500 puestos adicionales de policía, exigimos por primera vez mínimo de noveno grado de escolaridad para aspirar a ser policías, y al final del gobierno había 2795 policías formados profesionalmente. Al inicio del gobierno la policía estaba acuartelada como si fuera un ejército, en vez de distribuida por los barrios y patrullando las calles. Usaban uniformes que eran sobrantes de un ejército. Y la gente los silbaba en la calle. Al final de nuestra administración lo policías tenían uniformes distintivos hechos para ellos, estaban bien equipados, había exceso de oferta para ser policías, y se respetaba la NUEVA GENERACIÓN DE POLICÍAS.

Desde el censo del año 2000 hasta 2022 según el INEC la población nacional ha aumentado un 36,8%. Para mantener la misma relación de policías con la población se requieren 1940 policías más de los que hay. Eso no toma en cuenta que en el interín la violencia de la criminalidad se ha más que duplicado según lo determina la proporción de homicidios dolosos, y el área sembrada de la droga que transita desde los productores del sur hasta los consumidores del norte también se ha más que duplicado.

Hoy se cuenta con una fuerza mucho más numerosa de policías municipales, pero se debe mejorar sustancialmente la coordinación de la policía nacional con esas fuerzas, especialmente en las comunidades más agredidas por la violencia criminal.

Un punto adicional que considerar es que para el año 2002 nuestro gobierno había creado Comités de Policía Comunitaria en 1623 comunidades. Esos Comités colaboraban con la policía oficial. Eso formaba una sólida red de policía comunitaria, en la que los vecinos estaban organizados y debidamente preparados para desarrollar tareas de vigilancia básica, apoyo mutuo y alerta temprana a la policía cuando detectasen algo sospechoso, sin pretender que arriesgaran su integridad y mucho menos que tomaran la justicia en sus manos.

Claro que los oficiales requieren buena preparación, buen equipamiento, excelente planificación de su trabajo que como he señalado debe estar basada en información, inteligencia y tecnología.

Claro que se debe contar con un sistema penitenciario capaz de albergar adecuadamente a la población privada de libertad, que la reincidencia criminal sea baja, que es necesaria buena legislación penal procesal y sustantiva, y que la administración de la justicia penal por los jueces, defensores, fiscales y organismos de investigación debe ser llevada a cabo respetando el debido proceso y con integridad ética.

Claro que la prevención a la criminalidad es esencial y demanda mejor educación y capacitación para el trabajo, mejor formación ética, mejores condiciones en los barrios de iluminación y facilidades para el entretenimiento sano, más y mejores ofertas de trabajo, buenos programas de educación para impedir la drogadicción.

El tema es muy complejo y requiere muy buena planificación, control y ejecución. Pero es esencial atenderlo adecuadamente.