Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 13 Noviembre, 2017

¿Un parto de los montes o un primer paso?

Rindió la semana pasada su Informe Final la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la Sostenibilidad del Seguro de IVM de la CCSS.

Para algunos, después de los dolores de parto las montañas dieron a luz un ratón. Para otros, se ha resuelto el problema, y con unas revisiones cada cinco años se ha garantizado la sobrevivencia eficiente del pilar de IVM de nuestro sistema de pensiones por los próximos 20 años.

En mi opinión ciertamente el parto no ha producido un dragón poderoso, pero si al ratoncito se le alimenta constantemente y sin miedo, puede convertirse en un importante león.

Las medidas son timoratas especialmente en lo tocante a no atender al trascendental cambio demográfico que vivimos con el ya inmenso aumento de la expectativa de vida y el incremento de la proporción de personas con 65 años y más.

Mientras hace solo 37 años la expectativa de vida era de 74,2 años, ya en 2015 es de 79,6 con una ganancia de cinco años y cinco meses, y esa expectativa sigue creciendo. Se estima que seremos antes de 2020 la primera nación de América Latina que superaremos los 80 años de expectativa de vida y que en 2025 estaremos en 81,3 años con un aumento adicional de vida de un año y ocho meses, por lo que podemos estimar que para dentro de 20 años tendremos al menos tres años más de esperanza de vida que hoy. Esto significa un mayor número de años en que se deben pagar las pensiones.

Por esos cambios en la esperanza de vida y en las tasas de nacimientos la población costarricense continuará su proceso de envejecimiento. Mientras en 1980 solo un 4,4% de la población era de 65 o más años, ya en 2015 esa proporción había subido al 7,4% y para 2035 se estima (INEC) en un 14,9%. Esto significa un aumento grande en la proporción de pensionados.

Sin embargo, a pesar de los efectos de esos extraordinarios cambios demográficos, no fue aprobada por los representantes de los trabajadores ni siquiera la tímida propuesta de los delegados del Gobierno y del sector empresarial, de encargar un estudio para determinar la conveniencia de hacer ajustes a la edad de retiro. Este es, en mi criterio, el mayor pendiente de la propuesta, y será el tema en el cual con mayor responsabilidad deberán actuar los directores de la CCSS para cumplir con sus obligaciones en beneficio de las personas que se retiren en el futuro.

Creo que lo pertinente es iniciar un aumento gradual y muy paulatino de la edad de retiro que se vaya aplicando cada año a los trabajadores que en ese año tengan cumplido menos de un 70% (u otro monto semejante según los determinen los estudios actuariales) de las cuotas necesarias para tener derecho a la pensión. De esta manera se evitará un ajuste brusco más adelante.

Una parte importante de los recursos que la Mesa de Diálogo propone para fortalecer IVM se origina en tomar ¢60 mil millones, ajustados por inflación, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Tomada por sí misma esta medida, sería una injusta apropiación de los recursos destinados a las familias más necesitadas de nuestra población para provecho de quienes al menos tienen trabajo y cotizan a la CCSS, es decir muy mayoritariamente trabajadores formales.

Pero el Informe adecuadamente recomienda que se realice “un estudio de sostenibilidad del Seguro de Salud, que incluya la razonabilidad y pertenencia de las contribuciones”.

He escuchado al señor director de la CCSS Mario Devandas representante del sector sindical y al señor gerente de la Bolsa Nacional de Valores José Rafael Brenes señalando que la salud debería financiarse con recursos que no provengan exclusivamente de aportes basados en las relaciones laborales, lo que tendría la ventaja de hacer más competitiva internacionalmente nuestra mano de obra, y sería especialmente importante para los trabajadores con menos calificaciones que es sobre los que mayormente pesa el injusto e insosteniblemente alto desempleo que venimos sufriendo en la última década.

De modo que si esta transferencia de recursos fuera para liberar cotizaciones del seguro de salud y destinarlas en su equivalente al de IVM, podría ello ser un primer y conveniente paso en esa dirección. Claro que para no afectar a los sectores más pobres, ello requeriría incluir este monto como una adición al ajuste que requieren las finanzas públicas de modo que no se disminuyan los recursos de Fodesaf.

Estos son apuntes sobre un tema de gran trascendencia para la justicia social y la eficiencia económica, que dejan en evidencia que este informe amerita mucho estudio y reflexión.