Un gobierno competente en materia fiscal

Reflexiones

Un gobierno competente en materia fiscal

Las causas de la crisis fiscal son múltiples y cada día que pasa las consecuencias, de no hacer nada o de seguir tapando con parches el problema, son mayores y más peligrosas para la estabilidad económica y social. El país realizó grandes esfuerzos en el pasado para modernizar y diversificar su estructura productiva, la apertura y diversificación del crecimiento exportador y del turismo han dado como consecuencia un país diferente, con una estructura productiva y de ingreso y gasto familiares muy distinta a la que teníamos al inicio de la década de 1980. Hemos sido exitosos en modernizar la economía y los servicios, por lo que los mismos, se han convertido en el componente más dinámico del PINB. Sin embargo, para los efectos fiscales, buena parte de los nuevos ingresos de las familias y comercialización de servicios están fuera de la estructura tributaria. Si sumamos a ello la creciente informalidad, tanto en las empresas como en el empleo, las posibilidades de obtener nuevos recursos para el fisco o para la seguridad social son casi nulas. Lamentablemente, hemos seguido profundizando nuestra estructura impositiva en impuestos indirectos, muchos de ellos regresivos y muy erosionados por los huecos provocados por las exoneraciones. El país está cobrando impuestos al estilo de Haití o Guatemala y queriendo gastar al estilo de Suecia o de Holanda. Esta situación no puede continuar.

En dos ocasiones se ha planteado en campaña una cosa y realizado en el gobierno otra, tanto doña Laura Chinchilla como el actual presidente Luis Guillermo Solís plantearon la no necesidad de más impuestos en su campaña política, al menos en sus primeros dos años. Sin embargo, ambas administraciones han pretendido aprobar un plan fiscal en el Congreso con nuevos impuestos, la primera lo logró aprobar pero fue rechazado en la Sala Cuarta, el último, ni siquiera ha logrado llegar al plenario con consistencia en su gobierno. El actual gobierno ha continuado la ola de endeudamiento de la administración anterior y ha tenido serias inconsistencias fiscales, no solo por la abrumadora expansión del gasto del primer año de gobierno, sino por la obstaculización de las leyes que imponen límites al gasto público, sobre todo en materia de salarios e incentivos a los empleados del sector público. Con los recientes acontecimientos del cementazo, los argumentos a favor de la transparencia y de la ética en la función pública impulsados en campaña política por el PAC, se los ha tragado el polvo, lamentablemente con ellos, se han ahogado los espacios para una discusión fiscal seria en el Congreso de la República.

Así las cosas, un gobierno competente debe decir claramente: ¿cómo y por qué? se deben ajustar los gastos y los impuestos costarricenses. No se vale, el cuento de que vamos a realizar un nuevo diagnóstico, vamos a formar una comisión o vamos a realizar una evaluación de gastos superfluos o de nuevos impuestos; señores, de eso estamos sobrados. El país ya no está para tafetanes y los tiempos, no nos alcanzan para más ocurrencias. La reforma fiscal deberá darse en el primer año de gobierno y deberá, sustentarse en un acuerdo partidario y nacional que permita corregir una tendencia al desequilibrio fiscal de mediano plazo, que pone en peligro los logros institucionales del país en prevención social, educación y seguridad social y ciudadana de las últimas tres décadas. El margen para inexpertos o para ocurrencias ya está agotado, aumentar los impuestos o disminuir sustantivamente los gastos o ambos mecanismos, deberán ser claramente establecidos si queremos avanzar con estabilidad.

Desde mi punto de vista, la reforma fiscal requiere ajustar ambos lados de la ecuación, los disparadores del gasto deben detenerse a tasas que no superen el crecimiento de la producción, los gastos de inversión deben superar drásticamente las tasas de crecimiento del gasto corriente, debe haber un ajuste sustantivo en las instituciones que ya no cumplen objetivos estratégicos para el país. Se deben ajustar los impuestos de ventas y trasladarse a un impuesto sobre el valor agregado, con una tasa superior al 13%, al menos en tanto se ajustan los resultados de deuda a un valor razonable de largo plazo, inferior al 30% del PIB. Es sustancial una reforma al sistema tributario en materia de renta, la renta universal es vital, para evitar la inequidad y la constante elusión y evasión fiscal. El país requiere poner impuestos razonables pero todos deben incluirse en el sistema, no debe haber más pasajeros gratis en el sistema fiscal. Esto significa que más allá de las exoneraciones básicas al ingreso y las personas con discapacidad, no debería darse mayores exenciones fiscales en materia de renta, revisar de manera sustantiva las exoneraciones existentes y corregir los impuestos para que no favorezcan el uso de contaminantes o modelos productivos que afecten sustantivamente el medio ambiente. A todo esto, es necesario una regla fiscal fuerte para evitar que volvamos por el mismo sendero de desajuste fiscal en el futuro.

En síntesis, requerimos un gobierno competente y consistente en materia fiscal, que asuma el compromiso de ajustar la ecuación fiscal, ingresos y gastos, con consistencia. Un gobierno que asuma el reto de la estabilidad económica y que ponga énfasis en la inversión pública en infraestructura y ciencia y tecnología, elementos centrales para recuperar la competitividad del país de cara a los desafíos del siglo XXI. Este ajuste fiscal debe darse en los primeros 18 meses del gobierno y debe ser consistente, con un accionar cuidadoso y muy sobrio en materia de nuevos gastos o instituciones. El país ya no está para apostar a más ocurrencias, urge un gobierno competente en materia fiscal.

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