Un camino hacia la excelencia: 25 años de avances en la Educación Superior
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 06 mayo, 2024
Dra. Lady Meléndez Rodríguez
Vicepresidenta del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES
Durante los últimos 25 años he sido testigo de la transformación del concepto de calidad de la Educación Superior, y el rol fundamental de este cambio de la educación terciaria en el desarrollo social y la sostenibilidad de Costa Rica y Latinoamérica ha sido impulsado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).
Lejos quedó el criterio elitista y selectivo de que solo algunas mentes y bolsillos privilegiados eran aptos para la universidad. La nueva concepción asume que el desarrollo humano demanda impulsar la democratización del conocimiento como bien público, colectivo y estratégico para garantizar los derechos humanos y la sustentabilidad de nuestros pueblos, como indica la última Conferencia Regional de Educación Superior (CRES+5, 2024).
La eliminación de barreras sociales, culturales y académicas permite asegurar el acceso, la permanencia, la participación y el éxito en la formación. Este esfuerzo es parte de la ontología misma de la calidad en la Educación Superior.
A lo largo de un cuarto de siglo SINAES ha visto crecer a sus instancias afiliadas, en los aspectos que constituyen los objetivos de la evaluación para la acreditación, que conjugan tanto procesos educativos como de gestión, aunque también aquellos de investigación y de extensión como dimensiones que han tenido una evolución quizás menos sistemática y más desigual, pero finalmente afirmativa ante las demandas de calidad.
En este periplo, no ha sido fácil calar con similar incidencia en los sectores de la Educación Superior nacional con respecto al valor que conllevan la investigación y la innovación dentro y allende la oferta educativa y las titulaciones. Tampoco está ganada la batalla contra relegar la extensión a algunas actividades de vinculación con el medio, ayunas del alcance que exige el impacto social que se espera de una institución de Educación Superior.
Por esa razón, en la actualidad, para las universidades, comprometerse con las medidas de gobernanza socioambiental (ESG, siglas en inglés) en una región diversa, desigual y convulsa como la nuestra, requiere trascender la estructura meramente académica y colocar la responsabilidad social y ambiental en la columna vertebral de cada diseño curricular, de todo plan sistémico y de cada proyecto intencionado para impactar objetivamente al desarrollo social y ambiental de las comunidades. Estas comunidades hoy traspasan costumbres, lenguas y territorios; son colectivos que trashuman entre conflictos y fronteras, entre diversidades culturales y personales. Comprender tal complejidad amerita investigación permanente. Brindar una oferta educativa apropiada y justa para este escenario no puede ser un albur de mercado ni puede abordarse sólo desde la docencia.
La pertinencia universitaria con respecto al contexto es una responsabilidad inexorable, no se compra ni se vende, se estudia, hasta lograr una práctica social exitosa. Tampoco hay aquí cabida para las acciones parceladas, someras o inconsultas y menos para no hacer nada a la espera de recursos extraordinarios. A situaciones complejas proyectos colaborativos.
Estos 25 años de evaluación de carreras para la acreditación también han dado pie al SINAES para confirmar que las universidades costarricenses, en el concierto de la Educación Superior latinoamericana, están urgidas de redes de cooperación nacionales e internacionales, de recursos compartidos para atender problemas comunes desde la mirada integrada de la docencia, investigación y extensión, donde la Ciencia abierta, las Artes, las Humanidades y la Tecnología construyan y divulguen soluciones interdisciplinarias, donde la movilidad y el reconocimiento mutuo potencien el músculo regional de conocimiento.
Por lo anterior es de esperar que los Estados, así como los pequeños o grandes consorcios a los que pertenecen las universidades privadas de la región, establezcan relaciones horizontales solidarias y pongan los recursos sobre la mesa para que se compartan según se requiera en los proyectos integrados y colaborativos de desarrollo social sostenible, como evidencia medular de calidad.