Un año más de democracia

Celebrar la democracia empieza por celebrar a los ciudadanos (y a sus organizaciones sociales y políticas) que participan en el juego democrático con respeto y dignidad (“el juego limpio”)

Un año más de democracia

El 7 de noviembre de 1889, unos “7 mil costarricenses”, bajo el liderazgo de don Rafael Yglesias, “salieron a las calles organizados y armados con palos y machetes” para defender la elección por mayoría de don José Joaquín Rodríguez y en contra de la decisión del entonces presidente, don Bernardo Soto de apoyar a su candidato, don Ascensión Esquivel, y de escamotear el resultado electoral.

Ese día marcó un hito histórico democrático. Dos partidos políticos disputaron el poder y el pueblo decidió salir a las calles a defender su derecho al sufragio y al candidato electo por la mayoría. A partir de entonces, nuestra democracia, todavía incipiente e incompleta, empezó a consolidarse. No fue fácil, ni lo ha sido desde entonces. En los 127 años transcurridos desde entonces, hemos sido testigos de violaciones y fraudes electorales, de golpes de Estado y de gobiernos de facto.

La democracia, como forma de Estado, responde a la pregunta sobre ¿cómo es la relación entre dos elementos del Estado: la población y el gobierno? Y se expresa en el respeto y cumplimiento de los derechos del pueblo y de los seres humanos que lo conforman. Existe democracia únicamente donde el Gobierno respeta los derechos fundamentales de todos sus habitantes, sin importar que pertenezcan a una mayoría o a una minoría.

Como forma de gobierno, la democracia responde a la pregunta de ¿quién gobierna? En una democracia, como su nombre lo indica, se afirma que es el “pueblo” (demos) quien gobierna (cratos), pero dado que el pueblo difícilmente podría tomar decisiones por sí mismo (salvo en los pocos casos y momentos en que se le consulta directamente), es fundamental indagar ¿quiénes gobiernan —y toman decisiones a nombre y por cuenta del pueblo? Las respuestas en todos los sistemas democráticos contemporáneos coinciden en que deben ser las autoridades y/o las mayorías parlamentarias electas por la mayoría de los electores.

Hay democracia donde el pueblo y los individuos pueden expresarse, actuar y organizarse libremente; pueden elegir libremente a sus representantes o tomar libremente sus decisiones, sin imposiciones ni temores a sanciones y pueden mantener ámbitos fundamentales de sus vidas, fuera de la acción del Estado (derechos fundamentales y libertades públicas, domicilio, propiedad y comunicaciones privadas, etc.).

Conforme al Índice de Democracia de la revista The Economist solo dos países de Latinoamérica pueden calificarse como democracias plenas: Costa Rica y Uruguay. En nuestro caso, sin embargo, apenas superamos la nota para pasar el examen democrático (8,04 sobre 10) y estamos ubicados a la cola de los países de plena democracia. El índice se construye a partir de 60 indicadores agrupados en cinco grandes grupos: 1) proceso electoral y pluralismo, 2) funcionamiento del gobierno, 3) participación política, 4) cultura política y 5) derechos fundamentales y libertades civiles. En el caso de Costa Rica, tenemos alta calificación en lo que se refiere a proceso electoral y pluralismo y a derechos fundamentales y libertades civiles, pero tenemos mediocre calificación en funcionamiento del gobierno y más bien mala en participación política y en cultura política.

La razón de nuestras malas calificaciones en esas tres áreas de la definición democrática radica fundamentalmente en la baja participación en los partidos políticos. Una sociedad que pide gobiernos tecnocráticos, por contraposición a los gobiernos de personas electas, o que hace difícil la gobernabilidad, al permitir que los grupos de presión o las minorías impidan el ejercicio legítimo del gobierno, no califica bien en el índice de democracia.

Celebrar la democracia, empieza por celebrar a los ciudadanos (y a sus organizaciones sociales y políticas) que participan en el juego democrático con respeto y dignidad (“el juego limpio”), porque no basta con tener buenos árbitros (Poderes del Estado, Tribunales electorales, etc.). Lo esencial es la vivencia democrática y, sobre todo, apoyar a los ciudadanos para que expresen y canalicen esa vivencia en acciones dirigidas al bien común.