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Levantar los derechos constitucionales en barrios peligrosos para frenar el problema del narcotráfico y la violencia no solo es peligroso, sino que la medida, por sí sola, no resolverá los problemas criminales del país, de acuerdo con Tania Molina, criminóloga, escritora y candidata a la vicepresidencia del Partido Liberal Progresista.
La advertencia fue señalada por la especialista tras darse a conocer que Laura Fernández, candidata presidencial del partido Pueblo Soberano, está dispuesta a levantar derechos constitucionales “si la cosa se pone fea”.
En ese sentido, Molina destacó que un estado de excepción es un régimen jurídico especial que le permite al gobierno de turno, en situaciones de crisis extremas y muy especiales como guerra, estado de conmoción interna, desorden público, calamidad pública o catástrofes naturales, restringir o suspender ciertos derechos y garantías constitucionales para supuestamente “restablecer el orden y la seguridad del Estado”.
Esa declaratoria le confiere al Estado poderes extraordinarios para limitar derechos temporalmente como la libertad de tránsito, de reunión o la inviolabilidad del domicilio.
“Eso es muy peligroso, puesto que se trata de restringir garantías y derechos individuales de toda la ciudadanía, so pretexto de una declaratoria de régimen especial por la inseguridad o la violencia. Es algo con lo que no estamos de acuerdo”, dijo Molina.
Para enfrentar el crimen, se necesita un Estado absolutamente articulado y “hoy eso no está pasando ni va a pasar con el continuismo”.
“Solo se puede resolver este problema, toda vez que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y toda la institucionalidad del país trabajen en equipo para solucionar y para prevenir el delito y también para detener el avance del crimen organizado, que es transnacional principalmente, pero también local. Todo eso se puede resolver con una política pública de Estado integral, no con estados de excepción en ciertas zonas”, dijo.
Costa Rica se encamina a su tercer año de violencia homicida por una guerra narco entre bandas rivales por territorio.
De mantenerse el ritmo diario de homicidios, el país podría cerrar el año por encima de los 900 casos.
En este contexto, Fernández hizo hoy la polémica propuesta al presentar un plan de gobierno.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento o suspensión de garantías individuales. Significa que, si la cosa se pone muy fea con inteligencia policial detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos y sacar a estos maleantes de circulación”, dijo Fernández.
