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Tras una auditoría externa, Sussy Wing, presidenta ejecutiva de Japdeva, interpuso una denuncia penal por supuestas irregularidades en el Fondo de Capital y Ahorro de los empleados de dicha institución.
Además, como medida cautelar, la junta directiva procedió a la suspensión del cargo con goce de salario para la administradora del fondo.
La medida también alcanzó a Antonio Wells Medina, quien es el secretario del sindicato de trabajadores de Japdeva, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El señor Rohan Ramírez Davis también fue separado del puesto.
“El día de hoy, en mi condición de presidenta ejecutiva de Japdeva, me apersoné ante la Fiscalía de Probidad a interponer una denuncia. Esto, debido a los resultados de la auditoría de carácter especial realizada al fondo de ahorro, por presuntas irregularidades que pueden ser tipificadas como delitos penales, procurando salvaguardar los intereses de los agremiados y exagremiados del denominado fondo de ahorro”, dijo Wing.
También se autorizó la liquidación del Fondo de Capital y Ahorro de los empleados de Japdeva.
Debido a sospechas con el dinero que manejaba el fondo por medio del sindicato de trabajadores de Japdeva, se realizó una auditoría externa realizada por la firma Murillo & Asociados, S. A.
El estudio abarcó una revisión profunda y técnica en materia financiera y operativa entre el 2020 y octubre de 2025.
La investigación abarcó las políticas de seguimiento, recuperación y reestructuración de créditos, los contratos, pagarés y títulos ejecutivos que respaldaron las operaciones y las transacciones monetarias y su debida justificación económica, operativa y documental, entre otras tareas.
Entre las conclusiones del informe, se determinó que los libros utilizados para el control de registro de solicitudes de préstamo presentaban deficiencias, tales como borrones y tachaduras, “lo que genera dudas sobre la legitimidad de la información y dificulta su utilización para la asignación de préstamos a los funcionarios que cumplen con todos los requisitos”.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los auditores es que, al 30 de noviembre de 2010, existía un saldo registrado en libros en la cuenta del Fondo de Mutualidad por la suma de ¢134 millones, monto que no se encuentra reservado físicamente en el banco, sino que fue utilizado como capital de trabajo en las operaciones financieras del Fondo de Capital y Ahorro.
El informe de la auditoría señaló lo siguiente: “Basados en los elementos de negocio en marcha relacionados con legalidad que pueden afectar la continuidad del negocio y aquellos riesgos o situaciones jurídicas que ponen en duda la capacidad del fondo para seguir operando en el futuro, es necesario evaluar la continuidad operativa, administrativa y financiera del fondo”.
Por ello, se procedió a autorizar la liquidación del fondo, además de nombrar una Comisión Institucional de Liquidación del Fondo.
