Superávit de trámites con déficit de resultados

Reflexiones

Superávit de trámites con déficit de resultados

El crecimiento en la corrupción y en la percepción de esta disparó las alarmas de quienes gestionan las actividades de control del Estado. Es así como, en las tres últimas décadas nos hemos llenado de leyes, reglamentos y procedimientos para todo en el Estado. Desde las compras hasta cualquier tarea relativamente importante en la gestión pública, todo está protegido y debidamente reglamentado con un fuerte “sospechómetro” de culpables. Empero, es cada día más evidente que el control absurdo y burocrático no colabora con reducir la corrupción, cada vez que requerimos un nuevo papel, carta, permiso o requisito, se incrementa la posibilidad de intervenir, de estorbar, de atrasar y por supuesto, de apelar en los procesos públicos. Así las cosas, por intentar controlarlo todo, el Estado y la gestión pública costarricense se han vuelto extremadamente burocráticos y llenos de costos de transacción, que hacen carísimo trabajar para el Estado desde lo privado y que vuelven un inútil, al mejor gerente público. Nos hemos vuelto especialistas del control burocrático de los procesos y se nos han olvidado los costos de oportunidad de no hacer las cosas o de hacerlas a medias. Estamos varados y atascados en el barreal que significa un Estado sin resultados.

El control, supervisión, seguimiento y rendición de cuentas son labores intrínsecas a la gestión pública y que deben valorarse en su verdadero sentido. Obras son amores, dicta un dicho muy popular en el campo, así es, por sus resultados serán conocidos. No se vale seguir echándole la culpa al que pasó por las incompetencias del presente, tampoco es posible planificar por resultados con las limitaciones de gestión de un Estado en quiebra. Todo lo anterior, me lleva a una necesaria reforma de nuestra Constitución que debe actualizarse y repensarse en este siglo XXI, debemos poner énfasis en los resultados y facilitar los procesos, los controles y los esquemas de planificación, para que se vuelva con sentido común la gestión de lo público y se reduzcan de manera significativa los costos y los tiempos de hacer las cosas.

Lo veo todos los días en mi trabajo universitario, reglamentos absurdos escritos por abogados sin experiencia en la gestión pública, normas de control que enfatizan hasta el más absurdo mecanismo de sospecha, adicionalmente, ponemos a valiosos recursos académicos a llenar cuanto formulario innecesario se invente, por procedimientos que nunca han sido siquiera valorados en su costo o en los beneficios. Sesiones de revisión por actores sin competencias para valorar lo que revisan, poniendo énfasis en lo suntuario y olvidando el sentido y razón esencial de lo académico. Cientos de miles de datos que se capturan por la ocurrencia de uno o dos funcionarios.

Cada día me rebelo más contra el sistema, la burda automatización de los más ridículos controles y trámites que se puedan ustedes imaginar. Sistemas poco inteligentes sin sentido común, que les cuestan miles de horas a los recursos escasos académicos que tiene la Universidad. Creo que al igual que en la Universidad, el Estado se ha llenado de esta plaga de reglamentos, procedimientos con una cultura burocrática que nos asfixia.

Debemos hacer algo al respecto, frenar este sinsentido. No debería  aprobarse ningún reglamento, procedimiento o control, sin existir un estudio de costo y beneficio de este. Deberíamos empezar a pensar en los resultados más que en los procesos y los requerimientos. Deberíamos tener una simplificación del Estado con sentido común. Al menos en la Universidad, donde laboro y veo el ridículo resultado de nuestra reforma estatutaria, lo veo claro, debemos repensar los reglamentos y procedimientos con urgencia, separar el control de la gestión, motivar a la innovación y al sentido común, dejar atrás el “sospechómetro” e instalar el “resultómetro” como mecanismo de evaluación. De no hacerlo, seguiremos con superávit de recursos y déficit de resultados, como hasta hoy.

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