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Costa Rica recibió un voto de confianza de la calificadora internacional S&P Global Ratings, quien confirmó la calificación soberana del país en ‘BB’ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo, con perspectiva estable.
Sin embargo, detrás de la noticia positiva hay un mensaje claro, según el economista Melvin Garita.
Y es que lejos de significar una mejora en la nota, la decisión de S&P refleja que Costa Rica logró sostener su calificación gracias al fortalecimiento de su economía externa, el aumento de las reservas internacionales y la continuidad de las políticas macroeconómicas, a la vez que dejó claro que el verdadero desafío ahora es reducir la deuda y concretar las reformas pendientes.
Uno de los factores que más pesa es el crecimiento de las reservas internacionales, que pasaron de entre $6.000 millones y $8.000 millones hace una década a casi $21.000 millones en la actualidad. A ello se suma el dinamismo de las exportaciones de dispositivos médicos, la manufactura de alta tecnología y una inversión extranjera directa que ronda el 4,5% del PIB.
Según Garita, la agencia considera que la deuda pública continúa siendo el mayor riesgo, ya que se mantendría por encima del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos cuatro años.
A esto se suma que cerca del 19% de los ingresos del Gobierno se destinan únicamente al pago de intereses, recursos que dejan de invertirse en infraestructura, seguridad, educación y otros programas públicos.
La calificadora también advierte sobre desafíos estructurales que podrían convertirse en problemas fiscales importantes en los próximos años, entre ellos la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y salud, así como eventuales obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En ese sentido, S&P otorga especial importancia al proyecto que impulsa el Gobierno para autorizar $13.500 millones en endeudamiento externo durante los próximos nueve años.
La aprobación de esta iniciativa reduciría la incertidumbre sobre el financiamiento del Estado y disminuiría la presión que actualmente enfrentan el mercado interno y las tasas de interés cuando las emisiones internacionales se retrasan.
Sin embargo, Garita recuerda que la calificadora también señala que las reformas de mayor calado, como modificar la Constitución para facilitar la aprobación de créditos internacionales, enfrentarán un escenario político complejo.
Para el especialista, el mensaje de S&P es claro: Costa Rica tiene una ventana de oportunidad, pero no será permanente.
Si el Gobierno y la Asamblea logran avanzar en una consolidación fiscal más fuerte, reducir de forma sostenida la deuda y aprobar reformas estructurales, el país podría aspirar a mejorar su calificación en un plazo de entre 12 y 18 meses. De lo contrario, la nota soberana podría permanecer estancada.
