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Viernes 15 Agosto, 2008

Solución a la inseguridad ciudadana

Toda aquella persona que abre hoy un periódico, observa los noticieros o escucha la radio, es merecedor de llamarse valiente. Valiente por el hecho de tener que leer todos los días titulares como “Joven asaltado y muerto por celular”, “Paseaba por Jacó y le roban tenis”. Este es un problema no solo nacional, sino uno de los más comunes en toda la región de Latinoamérica.
¿Qué está pasando? ¿Quién causa esta inseguridad ciudadana? Es el Estado quien no ejerce la verdadera función para lo cual fue instituido y el que ha ocasionado el incremento desmedido de la inseguridad ciudadana. En palabras de Cicerón: “La función principal del Estado es asegurar a cada uno la tranquilidad de la posesión de lo suyo”.
Un ejemplo cotidiano de que el Gobierno no cumple esta función, es el típico caso del robo de un celular. Si este no tiene un valor superior a lo que establece la ley, es considerado como una bagatela, la cual no conlleva sanción penal por lo que el delincuente puede salir libre y volver a delinquir. La propiedad es propiedad y nadie puede disponer de ella sin nuestro permiso, ni mucho menos arrebatárnosla por la fuerza.
El Estado concentra esfuerzos, dinero y tiempo en actividades que no son para combatir la inseguridad ciudadana. Actualmente nuestro sistema de justicia persigue delitos en los cuales realmente no existen víctimas, como lo es hostigar personas que trabajan honestamente. ¿Es esto justicia pronta y cumplida?
Tenemos una justicia de años, tortuosa y con un alto gasto para el bolsillo de las víctimas, una justicia que a veces es tomada por personas cansadas de que el Estado ni siquiera eso pueda solucionar.
Hablar de construir más cárceles y de cero tolerancia para los delincuentes, no son soluciones serias a este flagelo.
El Estado debe dirigir sus “esfuerzos” a:

• Delitos donde existen verdaderas víctimas (violaciones, homicidios, estafas) y dejar de intervenir en asuntos que no le corresponden.
• Castigar al delincuente a pagar los daños totales causados a la víctima (moral, material y físico), más los costos del proceso judicial. Además, no fomentar la corrupción en el sector público a través de la ayuda solidaria.
• Dar una efectiva y legítima defensa, ya que si no existe una proporcionalidad en esta —como establece la ley—, los papeles de los sujetos cambian y el delincuente se convierte en víctima y viceversa, algo que no puede permitirse.
• Agilizar los procesos judiciales a través de la oralidad y fomentar la resolución alternativa de conflictos en ciertos delitos principalmente civiles y administrativos.
• No permitir que los delincuentes salgan antes de tiempo, acortando su pena y por tanto premiándolos para que salgan a delinquir.
Nuestra tranquilidad en las calles y aún más, en nuestra propia casa no estará asegurada hasta el día en que se realice una verdadera reforma a la ley y principalmente cuando el Estado deje de tratar a los ciudadanos que trabajan honestamente como ladrones.

Carlos Solano Alvarez
Estudiante de derecho
www.InstitutoLibertad.org