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Sobre la OCDE, las políticas públicas y las buenas intenciones

Jose Luis Arce | Viernes 26 febrero, 2016

Políticas industriales, de competencia, comerciales o agrícolas que añoren los fracasos de décadas pasadas basados en razones ideológicas no harán más que profundizar los problemas

Sobre la OCDE, las políticas públicas y las buenas intenciones

La semana pasada la OCDE presentó el Costa Rica Economic Assessment —uno de los estudios más importantes en el proceso de adhesión del país— que consiste en un diagnóstico acerca de los desafíos más apremiantes en materia económica que tiene nuestra sociedad.
El estudio aunque interesante y bien documentado, no nos dijo mucho más de lo que ya sabíamos. Primero, que en materia de sostenibilidad y estabilidad macroeconómica el déficit gubernamental es una amenaza sustancial y poco o nada se ha estado haciendo para conjurarla.
Que es necesario sentar las bases de un crecimiento económico más inclusivo fortaleciendo las acciones para una mayor participación femenina en el mercado de trabajo, para reducir la informalidad y para mejorar la efectividad y calidad del gasto en educación.
Y que deben tomarse acciones con el fin de realizar reformas institucionales que promuevan el crecimiento de la productividad, como por ejemplo, una política de competencia efectiva, reducción de barreras para los negocios, asegurar una gobernanza apropiada de las empresas públicas y mejorar la infraestructura de transporte.
El verdadero beneficio de pertenecer a la OCDE claramente no derivará de diagnósticos como este, sino de lo que viene después: el diseño de políticas públicas efectivas con el fin de enfrentar apropiadamente esos desafíos.
En esa tarea la OCDE tendrá mucho que aportar, pues justamente su especialidad es el análisis y la generación de recomendaciones acerca de las mejores prácticas en virtualmente todos los ámbitos de las políticas públicas.
En contraste, el país ha demostrado en los últimos años que su capacidad para diseñar políticas públicas ambiciosas y coherentes —no simples parches— ha sido claramente reducida por la ausencia de planificación de largo plazo y el deterioro del proceso político, particularmente lo que concierne a la forma en cómo una sociedad democrática alcanza acuerdos sobre los temas más fundamentales y luego el Gobierno los traduce en políticas de Estado.
Tres serán, en principio, los grandes retos que se afrontarán a la hora del diseño de políticas públicas modernas y efectivas en los temas que nos advierte la OCDE.
En primer lugar, las acciones deben basarse en un profundo conocimiento no solo del problema que se está enfrentando sino además de la forma en como las medidas gubernamentales también pueden terminar generando efectos secundarios, muchas veces no deseados. Es crucial que las políticas diseñadas tengan un adecuado balance en términos de incentivos, con el fin de crear los premios y castigos que conduzcan al objetivo deseado.
En segundo término, en políticas públicas es muy cierta la máxima de que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. Nadie duda de la buena voluntad y de los deseos sinceros de resolver los problemas, pero eso no basta. Sin un diseño apropiado se podría acabar perfectamente en una situación peor que la actual o generando un fuerte desgaste político con el fin de adoptar ciertas acciones, que finalmente resultarán inútiles.
Y finalmente, las autoridades políticas deben evitar mirar irreflexivamente al pasado. Políticas industriales, de competencia, comerciales o agrícolas que añoren los fracasos de décadas pasadas basados en razones ideológicas no harán más que profundizar los problemas.
Por estas razones, las recomendaciones que vendrán de la OCDE serán bienvenidas, ojalá se sepa aprovecharlas.

José Luis Arce

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