Probablemente todos tendremos que ceder un poco. Pero de eso, precisamente, es de lo que se trata la democracia

Sí a la negociación, no al levantamiento del veto

Por razones de seguridad jurídica y de plazo para el ejercicio de una competencia, no avalo la posibilidad de levantar un veto interpuesto por un Gobierno precedente.
Conozco que la Sala Constitucional (sentencia #3004-92), sostuvo que “tratándose del ejercicio de un poder discrecional, el retiro resulta también parte inherente a él, como potestad implícita atribuida a dicho Poder…”; y reconozco también que las competencias constitucionales son del cargo y no de la persona (de quien ejerce la Presidencia). Aun así, sostengo que el ejercicio de esa competencia está sujeto a límites y a plazos.
Al margen del debate jurídico sobre la validez de levantar un veto, no creo que el Presidente quiera darse el lujo de alimentar, aún más, la inseguridad jurídica; sobre todo cuando el retiro del veto al Código Procesal Laboral (CPL), traería un enrarecimiento de la función legislativa y de las relaciones obrero-patronales.
La solución, entonces, es discutir sobre el fondo del CPL, en un clima de negociación.
Se dice que el Gobierno pactó con el Frente Amplio, el levantamiento del veto al CPL para antes del 13 de diciembre; pero, por otra parte, el mismo Gobierno pactó con la Unidad Social Cristiana que daría tiempo de un año (que vence el 30 de abril), antes de valorar si procedería levantarlo o no.
La discusión debe mantenerse en el seno legislativo. Para ello, existen dos opciones: a) convocar a sesiones extraordinarias los diversos proyectos de ley sobre el tema; b) aprobar la ampliación del plazo para no enviar el proyecto vetado al archivo.
Prefiero la primera opción para liberar la discusión de la minucia procedimental del veto, pero no objeto la segunda. Al final, lo que importa es abordar el tema, avanzar la modernización de la justicia laboral y evitar los excesos del proyecto originalmente vetado.
Para ello, deben negociarse seis temas centrales: 1) prohibición de huelgas en servicios públicos esenciales; 2) limitación de huelgas en los demás servicios públicos y garantías de servicios mínimos; 3) responsabilidades por huelgas ilegales; 4) porcentajes para convocar legalmente a huelga; 5) exigencia al trabajador de demostrar discriminación cuando la alega y reconocimiento del derecho a un proceso sumario para ello; 6) revisión de las cláusulas colectivas que puedan impactar, aún más, los desequilibrios fiscales.
El levantamiento del veto no debe ser excusa para evitar el diálogo, ni espada de Damocles para alimentar la incertidumbre.
Espero que los sectores laborales y empresariales y las fracciones legislativas puedan alcanzar un acuerdo razonable. Probablemente todos tendremos que ceder un poco. Pero de eso, precisamente, es de lo que se trata la democracia.

Rodolfo E. Piza Rocafort

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