“Sería un desastre” frenar ley de empleo público por dos años, según expertos

Un desastre financiero y de imagen serían las consecuencias para Costa Rica en caso de que los diputados decidan frenar la ley de empleo público por dos años, según expertos consultados por LA REPÚBLICA.

La normativa, que establece un mismo salario por puesto laboral en el gobierno central, entrará en vigencia el próximo viernes 10 de marzo.

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Sin embargo, Gilberth Jiménez, diputado de Liberación Nacional, convenció a los jefes de fracción para abrir un debate en el plenario este lunes. El objetivo, es detener la polémica ley.

Se trata del mismo legislador que anteriormente propuso instalar cuadriláteros de boxeo en los colegios públicos del país, para que los alumnos eliminaran el estrés y la violencia a punta de trompadas. La idea fue criticada por especialistas en educación y psicólogos.

“Echar para atrás, o frenar la ley de empleo público es un desastre en varias aristas. Desde el punto de vista financiero, no se frenarían por dos años más los abusivos pluses salariales que incrementan el gasto público, además de que implicaría una afectación en la imagen del país frente al FMI (…) Frenar la ley, sería patear el balde”, dijo Daniel Suchar, analista financiero.

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Y es que la ley de empleo público detiene el crecimiento del gasto estatal en materia de remuneraciones.

Esto, porque todos los trabajadores del Estado que tengan un sueldo por encima del salario global que se establezca por puesto laboral, no podrán seguir acumulando pluses, ni aumentos de ninguna otra índole.

En el caso de los nuevos funcionarios, tendrán que supeditarse de inmediato al salario que se establezca para todo el Estado.

En el Club de los Países Ricos que incluye a Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Suecia, entre otros, Costa Rica supera a todos en el gasto de salarios para sus empleados públicos, según dio a conocer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Y es que, porcentualmente, nuestro país destina el 52% de los ingresos que recauda para pagar la remuneración de los burócratas, mientras que el promedio de la organización es de 25% aproximadamente.

Sobre este tema, Rodrigo Arias, presidente del Congreso, indicó que lo mejor es que la ley entre en vigencia y después ir haciendo los ajustes.

Al año, Costa Rica invierte más de ¢2,6 billones en salarios del gobierno central, pero la cifra se duplica con el pago a los trabajadores de instituciones autónomas.

“En lugar de postergar la entrada en vigencia, los diputados y el Poder Ejecutivo deberían trabajar en arreglar lo que está mal en la ley de empleo público, como por ejemplo, darle al Servicio Civil cierta autonomía frente a todos los poderes y entes descentralizados para que sea éste el que asuma la rectoría en empleo público del país. Eso sí tiene respaldo constitucional y no habría entonces disposiciones en materia de empleo público dispersas y heterogéneas”, dijo el exdiputado Otto Guevara.

El abogado se refiere a que la ley de empleo público permite que las universidades públicas, los municipios, el Poder Judicial y la Caja son autónomas en materia de empleo público y por ello, podrán definir sus reglas y salarios, sin importar que exista una ley que aplica para todo el Estado.

Las excepciones están respaldadas por un fallo de la Sala IV que pretende garantizar la autonomía.

Para el 1 de marzo, los municipios de Cartago, Goicoechea, Cañas y Heredia ya se habían declarado autónomos, sin importar que un chofer de un ayuntamiento, realiza la misma función que un homólogo en un ministerio.

En estos momentos, hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para puestos profesionales con las mismas responsabilidades en el sector público, mientras que en puestos no calificados la diferencia es de ¢800 mil, de acuerdo con la Contraloría.

“Yo me muero por oír el argumento, sin que la gente se muera de risa en la cara de alguien, de que un chofer, manejando el mismo carro, en las mismas calles, con la misma gasolina y las mismas leyes de tránsito, es exclusivo y excluyente y por lo tanto, tiene que pertenecer a un régimen salarial diferente al contemplado en el empleo público (…) Creo que al pueblo de Costa Rica le gustaría oír eso”, dijo el presidente Rodrigo Chaves la semana pasada.

El mandatario, ha calificado la ley de adefesio, ya que no acabaría con las asimetrías. En ese sentido, indicó que él aboga por implementar la ley.

Sin embargo, convocó a un diálogo nacional en torno a este tema, el cual, arrancará el 20 de marzo, con la intención de cerrar los portillos.