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Varias diputadas de oposición mostraron su insatisfacción con la decisión de la presidenta Laura Fernández de declarar como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.
Es por ello que anunciaron la realización de investigaciones para determinar si se justifica la declaratoria, sobre todo, en lo referente a los contratos del Estado.
“Esta semana nos hemos enterado de que el Gobierno ha emitido una declaratoria de secreto de Estado y esto, en el contexto de crisis de seguridad en el que se encuentra Costa Rica, podría parecer normal; sin embargo, en este decreto se aprovecha de la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica para ampliar el secreto a otras informaciones que no deberían ser secreto de Estado, como son los contratos y las adjudicaciones. No vamos a permitir que eso suceda, vamos a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren tapar o qué es lo que están tapando para identificar mejores acciones para el combate de la corrupción y el crimen organizado”, dijo Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio.
Mientras tanto, Abril Gordienko, diputada del PUSC, señaló que, en otras ocasiones, otros poderes de la República no han necesitado de secretos para hacer su trabajo.
“A raíz de ese decreto, me surgen un montón de dudas. ¿Por qué considera el Poder Ejecutivo que es necesario poner un velo de opacidad sobre una materia tan delicada? El Poder Judicial toda la vida ha realizado operativos y operativos exitosos sin tener ese nivel de secretismo o gobiernos anteriores que también han hecho megaoperativos y no han necesitado tener ese grado de oscuridad. Yo creo que los costarricenses debemos estar atentos y cuestionar esta figura del secreto de Estado”.
En medio de la lucha contra las bandas narcotraficantes, la presidenta declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.
La mandataria había manifestado anteriormente su preocupación por mantener en secreto algunas de las discusiones e inteligencia emanada de Fuerza Élite y, por ello, ordenó incluso la realización de pruebas de polígrafo para los asistentes.
El grupo Fuerza Élite es un equipo de trabajo conformado por diversas policías, autoridades del Poder Judicial y los altos jerarcas del Gobierno para enfrentarse al narco y crimen organizado.
En ese sentido, el Gobierno justificó su decisión argumentando que la divulgación de ciertos datos podría comprometer operaciones policiales, revelar vulnerabilidades institucionales, afectar compromisos internacionales y poner en riesgo la vida de funcionarios y terceros ante la amenaza del crimen organizado.
El secreto de Estado impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.
