Unos 270 mil empleados públicos sufrirán la congelación de sus salarios tras la aprobación en primer debate de la ley de empleo público.
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La iniciativa, que se votó favorablemente esta tarde con 32 votos a favor en Cuesta de Mora, establece un salario estándar por puesto laboral para toda la administración pública. Para que la medida se convierta en ley de la República, aún debe ser validada por la Sala IV y aprobarse en segundo debate.
Bajo esa premisa, cualquier trabajador que reciba en estos momentos una remuneración por encima del salario global o estándar, no podrá recibir más aumentos por concepto de costo de vida o pluses.
Las únicas excepciones a la ley serán las instituciones en competencia como el ICE y el INS, y unos 30 mil burócratas que ganarían menos que el salario global, según cálculos del Ministerio de Planificación.
La ley de empleo público pretende hacer más ordenado el régimen salarial del Estado, a la vez que pretende recortar el gasto en remuneraciones.
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Y es que hoy día Costa Rica invierte el 50% de los ingresos que recauda en pagar a los funcionarios públicos, lo cual, hace que sea el país de la OCDE -Club de Países Ricos – que más invierte en sostener su aparato estatal.
La ley de empleo público incluye a catedráticos universitarios -algunos con salarios de ¢9 millones y a empleados del Poder Judicial.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que el Ministerio de Planificación no puede ser rector en materia de empleo para instituciones como el Poder Judicial, ya que una norma constitucional les brinda autonomía absoluta.
Se trata de un argumento similar al que esgrimieron los rectores de las universidades públicas, para exigir su exclusión y que al término del debate de las mociones en el Plenario no se aprobó.
“Es preocupante que la escala salarial pase a ser administrada por una cartera ministerial del Poder Ejecutivo, como lo es Mideplan, con la respectiva intromisión interna en la estructura y funcionamiento exclusivos de este Poder de la República”, según un pronunciamiento de la Corte.
Al aprobarse el proyecto, algunos diputados cuestionaron la iniciativa.
“Esta ley de empleo público no es otra cosa que una cochinada. La propuesta está llena de vicios de ilegalidad por toda parte y esto hace que hayamos perdido el tiempo. El PLN y el PAC, a sabiendas de que esta ley no pasará el filtro de la Sala IV insisten en discutir el tema. Costa Rica requiere de una verdadera ley de empleo público”, dijo Pedro Muñoz, precandidato y diputado de la Unidad.
Antes de que se apruebe en segundo debate, los legisladores mandarán el proyecto a la Sala IV y de esta forma, se establezca si contraviene la Constitución.
Para el segundo debate se necesitarán 38 votos.
Resumen del proyecto
La ley de empleo público incluye los siguientes puntos:
- Congela pluses salariales y aumentos para trabajadores estatales que tengan una remuneración por encima del salario estándar
- Unos 30 mil trabajadores seguirán acumulando pluses hasta lograr el salario mínimo
- Empresas en competencia como ICE e INS quedaron excluidas
- Ministerio de Planificación será el ente rector para toda la administración pública en materia de empleo
- El Poder Judicial, las universidades públicas y los municipios tendrán que someterse
- Empleados con dos notas inferiores a 70 en calificación de desempeño serán despedidos sin responsabilidad
- Trabajadores podrán alegar objeción de conciencia para no capacitarse en temas que violenten sus creencias
