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En medio de crecientes tensiones con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el presidente Rodrigo Chaves elevó el tono y presentó un recurso de adición y aclaración para exigir explicaciones sobre los límites que tendría el Ejecutivo al referirse a temas políticos en el contexto electoral.
La acción del mandatario surge días después de que el TSE declarara con lugar un amparo electoral interpuesto por Claudio Alpízar, líder del partido Esperanza Nacional, en el que se acusó a Chaves de utilizar su investidura y recursos públicos con fines proselitistas.
Si bien la resolución no impone sanciones directas, sí advierte que las manifestaciones del presidente “afectaron derechos fundamentales del electorado” y alteraron la equidad de la contienda.
Ante esto, Chaves no se quedó en silencio y cuestionó con vehemencia los señalamientos del TSE. “Corríjame si me equivoco. ¿Mencionaron alguna plataforma política en el documento? ¿Dijeron qué color de bandera, cómo se llama, alguna insignia?”, dijo el mandatario al intentar deslindarse de cualquier referencia directa a partidos políticos o candidaturas.
En su recurso, Chaves solicita al tribunal una aclaración precisa sobre qué conceptos jurídicos se utilizaron para dictar la resolución, cuáles serían los recursos públicos que presuntamente se mal usaron y qué intervenciones públicas fueron consideradas como ilegítimas. Además, pide que se especifique a qué partido político habría beneficiado con sus declaraciones.
El trasfondo de este conflicto radica en una serie de declaraciones reiteradas por parte del presidente en espacios oficiales, como las conferencias de prensa semanales, donde —según el recurso de Alpízar— se habría promovido una narrativa de respaldo hacia figuras políticas afines al oficialismo, lo que representaría una violación a los principios de neutralidad y equidad establecidos en la Constitución y el Código Electoral.
El presidente denunció que el TSE intenta imponerle una “mordaza” al Gobierno al prohibir la difusión de logros y la imagen de sus jerarcas durante la próxima campaña política.
Según Chaves, se trata del “acto más oscuro en materia electoral para Costa Rica desde la fundación de la Segunda República”.
La polémica surge tras una resolución del TSE que restringe al Poder Ejecutivo, así como a otras instituciones públicas, de divulgar cualquier tipo de contenido que exalte su gestión entre octubre y el cierre del proceso electoral en 2026. La medida, que abarca redes sociales y medios convencionales —pagados o no—, busca evitar el uso indebido del aparato estatal durante la campaña.
“Decidieron callar al gobierno, a mis colegas ministros y a este servidor, callar, amordazar. Tienen pánico porque el pueblo despertó, porque el pueblo tiene certeza en sus corazones de que el Gobierno está haciendo lo que el pueblo le ordenó”, aseguró.
