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Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía acusó hoy penalmente al presidente Rodrigo Chaves por el supuesto delito de financiamiento ilegal de campaña.
El delito se castiga con una pena que oscila entre dos y seis años de prisión.
Como parte de la acusación, Carlo Díaz, fiscal general, presentó ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de levantamiento de inmunidad contra el mandatario.
La acusación también incluye al primer vicepresidente, Stephan Brunner; al canciller, Arnoldo André Tinoco; y a los diputados Pilar Cisneros Gallo, Luz Mary Alpízar Loaiza, Paola Nájera Abarca y Waldo Agüero Sanabria.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026.
"Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente. Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral", dijo la fiscalía en un comunicado.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
Esta es la segunda causa penal que el fiscal presenta contra Chaves, ya que en abril lo acusó penalmente por el supuesto delito de concusión.
Dicho delito, cuya pena oscila entre dos y ocho años de prisión, castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación, se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
El beneficio en cuestión alcanzaría los $32.000, destinados a la compra de una vivienda, mediante un contrato de consultor con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Ministerio Público sostiene que la operación fue orquestada desde Casa Presidencial, donde se celebraron reuniones previas a la contratación, en las que los imputados instruyeron a Bulgarelli para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato, en aparente contravención a los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.
La Fiscalía aplicó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, contemplado en el artículo 22 del Código Procesal Penal, lo que significa que, a cambio de colaborar eficazmente con la investigación, no será procesado de momento.
Como parte de un supuesto concurso público amañado, el productor audiovisual Christian Bulgarelli confesó ante la Fiscalía que, por instrucción del presidenteRodrigo Chaves, realizó un depósito de $32 mil a favor del exasesor presidencial Federico Cruz.
Según el fiscal general fue “un cariñito” que el mandatario Chaves solicitó en el marco de una contratación pública por unos $400 mil para para RMC La Productora S. A.(conocida como Nocaut).
Según el testimonio brindado al Ministerio Público, Bulgarelli transfirió los fondos a la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominioBarlovento, en Concepción de La Unión, Cartago, para que Cruz pudiera alquilarla con opción de compra.
El pago tenía como propósito que el exasesor pudiera asegurar la casa, según indicó el productor, quien denominó la solicitud del mandatario como un “cariñito” de $32 mil.
La operación financiera ocurrió antes de que la empresa de Bulgarelli resultara ganadora de un contrato por $405.800 para prestar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
