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Por años el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Poder Judicial han fallado y eso lo demuestra claramente el caso del exmagistrado Celso Gamboa, de acuerdo con el presidente Rodrigo Chaves.
Este mediodía, el mandatario señaló que no es posible que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) haya solicitado la extradición del exfuncionario por tráfico internacional de drogas, mientras que acá, en Costa Rica, no se le investigaba.
Ante una pregunta de la prensa, Chaves dejó claro que Randall Zúñiga, director del OIJ, no tiene lo que se requiere para ocupar el cargo.
“¿Para qué le pagan don Randal? Ese señor no tiene las hormonas que se requieren para el cargo. Dichosamente, gracias al trabajo de Pilar Cisneros que no aflojó con el proyecto de extradición, ya tenemos el fin de la fiesta de los narcos y pienso que en este momento, muchos deben estar perdiendo el sueño”, dijo el presidente.
El mandatario también aseveró que existe la posibilidad de que Gamboa tenga que declarar en ese país y denunciar a otras personas.
“Cuando a Celso Gamboa le digan que puede estar en la cárcel por 50 años en Estados Unidos y que ahí no hay un juez de ejecución de la pena que le diga pobrecito o una Gloria Navas que abraza a los criminales, va a tener que hablar y denunciar a otros”, agregó Chaves.
Este lunes, se dio a conocer la detención de Gamboa por solicitud de la DEA de los Estados Unidos, quien pide la extradición del exfuncionario a Dallas, Texas, para que enfrente la justicia por el supuesto delito de tráfico internacional.
En un plazo no mayor de dos meses el exmagistrado Gamboa conocerá si será extraditado a los Estados Unidos para que enfrente la justicia.
Este martes, el Tribunal Penal de San José le dictó dos meses de detención provisional al exfuncionario y a un hombre de apellido López, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de la Ley de Extradición.
A lo largo de su carrera, Gamboa ocupó altos cargos como fiscal adjunto, ministro de Seguridad y jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), hasta que en 2018 fue destituido por la Asamblea Legislativa por el caso del cementazo.
