Restricciones institucionales al desarrollo

Juan Manuel Villasuso jmvilla@racsa.co.cr | Viernes 30 noviembre, 2007

Con el título de esta columna se presentó el pasado martes en el Instituto Cultural de México un libro editado por el economista Claudio Ansorena que recoge un conjunto de artículos de diversos autores organizados en cinco categorías. La primera referida a los enfoques teóricos y empíricos de la economía institucional y las otras cuatro atinentes a las restricciones institucional del sector público, la infraestructura física, el sector financiero y el marco jurídico-político en Costa Rica.

El marco conceptual de la obra, que se originó en una conferencia auspiciada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, a la que asistió el Premio Nobel de Economía Douglass North, y luego fue enriquecida por otros aportes, es el de la denominada Nueva Economía Institucional (NEI).

La NEI heredó algunas de las categorías analíticas de los institucionalistas estadounidenses de finales del siglo XIX como Thorstein Veblen y John Commons, quienes destacaron la importancia económica de los hábitos de conducta y de pensamiento de los grupos humanos y trataron de analizar y comprender el complejo de instituciones sociales.

Sin embargo, mientras los primeros institucionalistas intentaron introducir en la ciencia económica conceptos procedentes de otras ciencias, los nuevos institucionalistas utilizan los instrumentos de la economía para explicar la historia, el comportamiento de los agentes económicos, el derecho, la empresa, las redes de información, el gobierno y, en general, las instituciones sociales.

El principio básico en torno al cual giran las diferentes teorías pertenecientes a la NEI es que en toda actividad económica se establecen vínculos entre los agentes económicos, vínculos que vendrán representados por alguna clase de contrato, explícito o no.

Las ideas centrales del institucionalismo conciernen instituciones, hábitos, reglas y su evolución. Sin embargo, el institucionalismo no intenta construir un modelo general único sobre la base de esas ideas. El enfoque institucionalista pasa de ideas generales respecto el agente humano, las instituciones y la naturaleza evolutiva de los procesos económicos, hacia ideas y teorías específicas, relacionadas a instituciones económicas específicas o tipos de economía.

En el libro, tal y como señala Ansorena, “se parte de la premisa de que los problemas del subdesarrollo no necesariamente están en la distorsión de precios causados por la intervención estatal, la escasez de recursos y mercados restringidos, aunque esos síntomas podrían darse, sino que, más bien, son las restricciones institucionales, entendidas estas como las ‘reglas del juego’ de la sociedad, las causas principales que impiden un desarrollo mas acelerado y equitativo”.

Del conjunto de artículos incluidos en la publicación es posible derivar conclusiones específicas para entender los nudos gordianos que estrangulan y limitan las posibilidades de acción. Pero también hay una conclusión general que, aunque no es novedosa, sí confirma de manera categórica la realidad nacional: el marco institucional que ordena las relaciones sociales en Costa Rica es inadecuado y constituye una restricción para el desarrollo.

De esa conclusión podemos derivar una gran interrogante ¿cómo cambiar esa institucionalidad y como hacerlo para beneficio de las grandes mayorías?

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