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Sábado, 28 de mayo de 2022



NACIONALES


Aumento en tasas de interés y tipo de cambio serían las consecuencias

Renegociar ley empleo público implicaría castigo de calificadoras de riesgo, advierte economista Gerardo Corrales

Candidato Rodrigo Chaves de Progreso Social se comprometió con sindicatos a vetar ley en caso de ganar la presidencia

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Lunes 28 febrero, 2022

Gerardo Corrales
Gerardo Corrales critica propuesta de Rodrigo Chaves de cambiar la propuesta de Ley de Empleo Público. Archivo/LA REPÚBLICA.


Arrancar de cero la discusión sobre el empleo público pondría a Costa Rica en peligro de ser castigada severamente por las calificadores de riesgo, advirtió el economista Gerardo Corrales.

Un aumento en las tasas de interés y el tipo de cambio del dólar, serían las consecuencias económicas de esa decisión.

La advertencia la hizo Corrales, tras conocer que Rodrigo Chaves, candidato de Progreso Social Democrático, prometió a los sindicatos renegociar la polémica ley.

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“Las calificadoras de riesgo mantienen el ojo puesto en Costa Rica, para determinar si cumplirá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en caso de que no lo haga, degradarían la calificación sobre el país y si eso pasa, el precio del dólar subiría a nivel interno y las familias deberán de pagar más por sus préstamos y por los intereses en las tarjetas de crédito”, dijo Corrales.

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La ley de empleo público pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería

una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.

En estos momentos, la propuesta de ley ya superó el filtro de la Sala IV y está a la espera de que se conozca su fallo completo para que se vote en segundo debate.

Eliminar estas garantías causa temor en los sindicatos del sector público, los cuales, convencieron a Chaves de que modifique la ley o de que no la firme en caso de quedar electo.

“La ley no es la que Costa Rica necesita, existen demasiadas familias de puestos y no resolverá en nada la situación actual, por este motivo, presentaremos un texto alternativo diferente y esperamos contar con el apoyo de otros partidos políticos y buscar la viabilidad política”, destacó Stephan Brunner, asesor económico de Rodrigo Chaves.

La nueva posición de Chaves es muy diferente a la que tenía cuando era Ministro de Hacienda y este cambio de discurso también se criticó por parte de Corrales, quien dijo que el país no está para discursos “cantinflescos” en momentos en que la “situación de la economía es difícil”.


Propuesta


La ley de empleo público tiene como objetivo racionalizar el gasto en remuneraciones del Estado.
Estos son sus principales elementos:

  • Se establece una misma remuneración por puesto laboral para todo el Estado
  • Congela pluses salariales y aumentos para trabajadores estatales que tengan una remuneración por encima del salario estándar
  • Corte, Asamblea, TSE, municipios y Universidades públicas quedaron exonerados
  • Unos 30 mil trabajadores seguirán acumulando pluses hasta lograr el salario mínimo
  • Empresas en competencia como ICE e INS quedaron excluidas
  • Ministerio de Planificación será el ente rector para toda la administración pública en materia de empleo
  • El Poder Judicial, las universidades públicas y los municipios tendrán que someterse
  • Empleados con dos notas inferiores a 70 en calificación de desempeño serán despedidos sin responsabilidad
  • Trabajadores podrán alegar objeción de conciencia para no capacitarse en temas que violenten sus creencias


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