¿Por qué urge limitar el crecimiento de salarios en el sector público?

Para contener el gasto público es urgente que Costa Rica frene de una vez por todas el crecimiento de las remuneraciones que se pagan a los empleados del gobierno central.

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Y es que por cada ¢100 que se recaudan, ¢50 se destinan a pagar los salarios de los burócratas.

Lo peor de todo, es que ese monto seguirá creciendo mientras estén vigentes los pluses salariales, los cuales, empujan para arriba la deuda y el gasto público.

Pese a ello, la Corte Plena trata de detener la ley de empleo público, la cual, congelaría los incentivos y aumentos en el sector estatal.

Para ello, los magistrados presentaron ante sus pares de la Sala IV, un reclamo de supuesta ilegalidad por la ley de empleo público que se aprobó el martes por la noche.

“El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial, que establece la rectoría general del Ministerio de Planificación sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados”, dijo el Poder Judicial.

En estos momentos, Costa Rica es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más invierte porcentualmente para pagar a sus empleados públicos, ya que se destina el 50% de lo que se recauda, mientras que el promedio en los integrantes de ese organismo es de un 25%.

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Paradógicamente, entre los integrantes del Club de los Países Ricos -como también se le llama a la OCDE -, Costa Rica es la nación con mayores problemas financieros.

Es por ello, que la ley de empleo público que aprobaron la noche de este martes los diputados es fundamental, ya que no solo congelaría los pluses salariales de miles de funcionarios, sino que generaría un ahorro de ¢309 mil millones al año, según cálculos de Pilar Garrido, ministra de Planificación.

La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, no podrá seguir acumulando pluses y otros aumentos.

La idea, es que ningún funcionario nuevo gane más que el Presidente de turno, lo que equivaldría a unos ¢7 millones.

La propuesta vendría al mismo tiempo a erradicar las diferencias salariales en el mismo Estado, ya que actualmente existen diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

“Logramos un texto que termina con los incrementos insostenibles sin rebajar el salario a nadie. Además, genera condiciones de mayor equidad, gracias a la aplicación de reglas claras para dar al Estado la posibilidad real y efectiva de servir de mejor manera a la ciudadanía”, dijo Laura Guido, jefa de fracción del PAC.

Tras su aprobación en primer debate este martes, la ley de empleo público deberá sortear ahora el filtro de la Sala IV una vez más.

Esto, porque anteriormente los magistrados del máximo tribunal consideraron la iniciativa ilegal, ya que supuestamente contravenía la división de poderes al darle al Ministerio de Planificación (Mideplan) la potestad para regir el tema del empleo en el Poder Judicial, las municipalidades, las universidades estatales y la Caja.

En ese sentido, los diputados eliminaron del texto todo lo relacionado a la jerarquía del Mideplan, por lo que esas instituciones se mantendrían autónomas, pero cumpliendo con todo lo referente a la ley.

“Confiamos ahora que este paso que ha dado la Asamblea Legislativa nos acerque prontamente a su aprobación en segundo debate, especialmente reconociendo el gran esfuerzo que se hizo por atender aquellas observaciones que la Sala Constitucional señaló y que fueron atendidas en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad”, dijo Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia.

Pese a esto, la Corte Plena ya advirtió de supuestas ilegalidades el pasado 1º de diciembre y hasta mandó a la Sala IV el proyecto de ley.