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Magistrados frenan empleo público con reclamo a la Sala IV

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 08 diciembre, 2021 08:17 am

Fernando Cruz, presidente de la Corte. Archivo/La República.
Fernando Cruz, presidente de la Corte. Archivo/La República.


Pocos minutos después de que ayer se aprobara en primer debate la ley de empleo público por segunda ocasión por parte de la Asamblea Legislativa, la Corte Plena acudió a la Sala IV para presentar una consulta facultativa institucional.

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De esta forma, el futuro de esta iniciativa, que establece un mismo salario por puesto laboral para todo el aparato estatal, se conocerá en principio a mediados de enero del 2022.

Al considerar que persisten las “ilegalidades” en la ley de empleo público, la Corte acordó ir al máximo tribunal.

“El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial, que establece la rectoría general del Ministerio de Planificación sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados”, dijo el Poder Judicial en un boletín de prensa anteriormente.

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La ley en cuestión pretende ordenar y regular los salarios del sector estatal. Para ello, establecería una remuneración estándar por puesto para todo el Estado. En los casos en que un funcionario gane más de lo establecido en la escala salarial, se le congelarían los pluses y otros aumentos.

El proyecto de empleo público ya había sido votado en primer debate, pero los magistrados de la Sala IV la declararon ilegal, por lo que los diputados volvieron a aprobar la iniciativa una vez más este martes.

En el sector público hay diferencias salariales de hasta ¢3 millones para un mismo puesto en el ámbito profesional; mientras que en el caso de labores no calificadas la brecha es de unos ¢800 mil, según un informe de la Contraloría de junio de 2018.

Regular la materia salarial del Estado es fundamental si se considera que hoy día, por cada ¢100 recaudados, ¢50 se utilizan para el pago de salarios en el gobierno central. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de la OCDE que más invierte porcentualmente para pagar remuneraciones.


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