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El reglamento técnico sobre vapeadores, publicado recientemente por el Ministerio de Salud, podría desplazar este mercado hacia la ilegalidad, con posibles impactos en el comercio formal, la recaudación y la seguridad, según la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Según la organización, la normativa introduce limitaciones que cambiarían de forma significativa la comercialización de estos productos.
Entre las disposiciones se incluye que, a partir del 6 de agosto, solo se permitiría el sabor a tabaco, además de restricciones publicitarias y un límite de nicotina de 20 miligramos por mililitro.
Aunque la Cámara comparte la necesidad de reglas más estrictas, especialmente para evitar el acceso de menores de edad, advierte que las nuevas condiciones podrían impactar a comercios formales, usuarios adultos, recaudación fiscal y seguridad pública.
El presidente del gremio, Arturo Rosabal, sostuvo que este tipo de medidas podría generar efectos indirectos en un contexto marcado por desafíos vinculados al crimen organizado.
Por su parte, el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la CCCR cita experiencias regionales como referencia.
En México, investigaciones reportan que organizaciones criminales habrían asumido el control del comercio ilegal de vapeadores tras su prohibición, mientras que en Panamá una restricción legal fue posteriormente declarada inconstitucional.
Durante ese periodo, estudios registraron consumo de productos introducidos por contrabando y un aumento del uso entre menores.
Ricardo Carvajal, director ejecutivo del observatorio, indicó que las prohibiciones no eliminan la demanda, sino que la trasladan a mercados informales donde los productos carecen de controles.
“Costa Rica ya tiene antecedentes claros de cómo regulaciones excesivamente restrictivas pueden incentivar el comercio ilícito. Hoy, los cigarrillos de contrabando representan cerca de la mitad del mercado nacional, lo que demuestra las limitaciones del Estado para contener estas dinámicas. De mantenerse esta ruta regulatoria, todo indica que el Reglamento Técnico 519-2025 podría llevarnos a escenarios similares a los observados en México y Panamá”, dijo Carvajal.
Ante este escenario, el OBCI y la Cámara solicitaron revisar el reglamento para mantener la protección a menores y el orden del mercado, al tiempo que se refuercen acciones contra la oferta ilegal.
De acuerdo con el gremio, el reto es equilibrar regulación sanitaria y legalidad comercial para evitar efectos no previstos.
