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Miércoles, 11 de diciembre de 2019



COLUMNISTAS


Reflexiones: De la usura, los usureros y su regulación, II parte.

Leiner Vargas [email protected] | Martes 26 noviembre, 2019


En el artículo anterior se ha dejado claro, ¿quiénes son?, ¿qué problemas generan?, ¿qué consecuencias tiene y sobre quiénes afecta la existencia de la usura en Costa Rica? Es claro además, que el país tiene una clase media y media baja, sumamente endeudada y cada vez con menos margen para ampliar su consumo. Dejamos claro también, que el mercado de crédito de consumo, tanto de bienes duraderos como de servicios o crédito de emergencia utilizando tarjetas de crédito, se encuentra altamente concentrado entre comercios, emisores de tarjetas y algunos prestamistas, que se esconden en figuras sociales distintas, pero que se miran en rótulos de cada esquina o postes del tendido eléctrico. Este mercado de crédito formal e informal de consumo y de corto plazo, cobra tasas abismales respecto de la situación media del crédito o tasa media activa del sistema financiero de consumo. Debemos diferenciar este mercado al segmento de MIPYMES o inclusive, al segmento de consumo de los más pobres, estos ya de por sí se encuentran excluidos del sector financiero. Existe casi un tercio de los costarricenses claramente excluidos del sistema financiero formal, pero no por la existencia de una tasa de usura, sino por razones de capacidad de pago, pobreza y exclusión social.

Los estudios del Ministerio de Economía y los datos presentes en el expediente que estudia la Asamblea Legislativa sobre la regulación de la usura dan cuenta de al menos tres hechos claros que deben llamarnos a reflexión. Primero, tenemos una clase media y media baja altamente endeudada, la deuda formal calculada refleja que alrededor de 900 mil costarricenses tienen deuda y que, en muchos de ellos, las cuotas de crédito y comisiones pagadas a los distintos agentes financieros o comercios supera hasta dos veces la tasa racional de gasto en deuda. Estos deudores son muchas veces personas adultas mayores o jóvenes que no necesariamente cuentan con la capacidad de pago suficiente para afrontar tasas de interés altas o montos de pago muy superiores a sus posibilidades reales. La situación se agrava cuando se pierde el empleo o por razones particulares, se asumen riesgos mayores producto de necesidades de corto plazo. Segundo, el problema se genera en ambas partes del mercado financiero, la parte regulada por SUGEF tiene serios problemas por la amplia discriminación de precios (tasas de interés) que existe, generando diferencias que superan más de dos veces la desviación estándar sobre la media, es decir, tasas de interés anormales. Estas tasas son mucho mayores en el segmento de tarjetas y de consumo comercial de bienes y servicios por lo que se evidencia problemas de discriminación de precios oligopólicos o usura. Se debe evitar mezclar el crédito de consumo con otras carteras dado que, no son comparables estadísticamente ni en términos del riesgo que se asume. Tercero, la mayoría de los clientes que caen en manos de la usura son clientes con sobreendeudamiento, por lo que terminan pagando tasas muy altas y además son presa del cobro judicial, ampliando el costo administrativo del Estado y el costo social de las familias involucradas. En todos los casos, la escasa educación e información financiera son recurrentes, de tal forma que por una parte a quién presta le interesa vender el crédito y quién compra, posee información, incompleta, asimétrica y con muy poca capacidad de entender su situación financiera que le brindan.

Ante lo anterior vale la pena preguntarnos, ¿Por qué razones no se regula adecuadamente la usura?, ¿cuáles serían los pros y los contras de hacerlo?, ¿Se debe regular el tope de usura o tasa de interés máxima de referencia?, y ¿cuál sería una metodología o tasa razonable para elegir? Estos temas los trataré en este artículo, complementando lo dicho en la I parte, hace ocho días.

¿Por qué entonces no se regula la usura?

La falta de una regulación prudencial de la usura es básicamente resultado de una captura regularía de nuestros entes financieros, empezando por el Banco Central y las entidades supervisoras y reguladoras. Este es un tema clásico que se ha estudiado ampliamente en la literatura y se genera, cuando existen condiciones de oligopolio y entidades con escasa competencia institucional, la captura regulatoria. Lamentablemente el lobby financiero ha podido más que las herramientas regulatorias del Estado. La única forma de corregir esta captura es la intervención directa del Parlamento o Asamblea Legislativa, misma que debe ser muy cuidadosa para no agravar el problema, sino resolverlo. Muestra de la captura es la evidente falta de técnica en la respuesta del Banco Central a la Comisión Legislativa que estudia las propuestas de ley y que demuestra además una clara incompetencia del órgano a cargo de la política monetaria del país.

¿Cuáles serían los pros y los contras de hacerlo?

La regulación debe balancear dos elementos centrales, debe de ser flexible y al mismo tiempo, debe de ser completa. Por ejemplo, si se regulan tasas y se deja a la libre las comisiones u otros servicios y tasas, los bancos podrían trasladar sus decisiones usando otros elementos que no están regulados. Lo anterior nos hace pensar que si se regula la tasa, deben tomarse en cuenta las comisiones y los servicios auxiliares, de tal forma que se genere un círculo completo regulatorio. Este tema ha sido tratado ampliamente por la literatura europea y debe contemplar reglas claras de comisiones, manual de salida y entrada al mercado, así como, delimitación máxima de penalidades por incumplimiento.

Las ventajas de fijar un techo siempre que sea razonablemente alto en relación con los costos medios del segmento de consumo, es que presiona a mayor competencia al mercado lo que motiva una ampliación de servicios, productos y estrategias de mercado de los actores financieros. Esto puede sentirse como una presión del lado de la oferta, pero efectivamente al tener una tasa tope los bancos y actores de crédito van a tener que optimizar la calidad, atención, tecnología y cobertura de los servicios financieros. El ganador de lo anterior sería el sistema financiero, que se vuelve más profundo y competitivo, los usuarios que encontrarán mejores servicios a tasas menores y por supuesto, los bancos innovadores que logren aprovechar la mayor ampliación de servicios y reducción de riesgos de prestar a tasas tan altas. Un ganador colateral podría ser el crédito de otras actividades, no de consumo, dado que dichas actividades podrían tener acceso a parte de los recursos de mercado que ahora tendrán menos posibilidades de verse en situaciones de especulación. Por supuesto, gana el poder judicial y el Estado, dado que mejora la paz social, disminuye el costo administrativo de la justicia y se genera menor estrés sobre clases media y media baja.

¿Quiénes podrían perder?, claramente los usureros que verían reducidas sus rentas oligopólicas. Los abogados y lobistas, que tendrían menos mercado para quebrar a personas y empresas endeudadas. Perderían también el sector informal de crédito en apuros que actualmente cobra hasta dos o tres veces el valor de las tasa de usura del mercado formal. Es decir, prestamistas o garroteras, casas de empeño, etc. Todos estos negocios han estado viviendo de los sobre-endeudados, ofreciéndoles respirar con una soga al cuello.

Tal como lo he dicho en artículos anteriores, no se excluye a nadie, los excluidos ya existen y seguirán excluidos, a menos de que se realice esfuerzos de naturaleza distinta, tales como mejorar los programas de Banca para El Desarrollo, fortalecer las cooperativas e instituciones de microcrédito, ampliar y profundizar la democracia económica, fortalecer la educación y la formación técnica y en emprendedurismo, etc. Empero, todo esto es para otro artículo y debate, debate necesario pero que no se liga al tema de la regulación de la usura.

¿Se debe regular el tope de usura?

Sí, es de sentido común y se realiza en más de 60 países en el mundo. Se requiere una amplia cobertura de la regulación, es decir, las tasa deben de cubrir no solo bancos, sino financieras, comercios y entidades que se dediquen a prestar recursos. Se requiere que la ley deje claro la metodología que debe de ser simple y no sujeta a posibles conflictos o valoraciones normativas de cualquier índole. Sería conveniente que se prepare un amplio estudio de los resultados de la regulación y se corrijan algunos efectos colaterales si se considera conveniente, por lo que debería darse la competencia técnica de definir periódicamente la tasa de referencia de usura a un ente público dedicado al tema, ya sea SUGEF o a la Comisión de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Mi criterio es que la Asamblea determine claramente la propuesta metodológica y que su implementación se lleve a las instancias competentes técnicas, evitando así la captura regulatoria y protegiendo la institucionalidad.

¿Cómo o Cuál sería una metodología o tasa razonable de usura para elegir?

La usura se da claramente en el crédito del segmento de consumo y personal, ambos rubros presentan claramente una distribución de probabilidad muy distinta a las demás actividades de crédito del sistema financiero. La ley costarricense tipifica ya el delito de usura, lo que ha faltado es la definición del límite máximo al que debe de considerarse usura. La mejor forma de obtener la tasa de usura referente máxima es separar el crédito de consumo y personal del total, tomar los ponderadores según participación de mercado de bancos y entidades financieras públicos y privados regulados y calcular la tasa de referencia media ponderada existente. El mercado informal tiene costos inferiores dado que no debe cubrir las regulaciones existentes, por lo que la definición de tasa de usura puede cubrir ambos segmentos de mercado. Esta media ponderada de los valores actuales de tasas de interés, se considera el valor revelado medio de costos y márgenes de utilidad del sistema financiero. A la anterior formulación, se le debe incorporar la variabilidad estadística respecto de la media o coeficiente de variación, de tal forma que cubra de manera apropiada los máximos extremos de la distribución de probabilidad que se encuentra subyacente. Los ajustes por segmento de mercado se pueden hacer siempre y cuando la tasa de incobrables sea estadísticamente distinta entre productos, así, por ejemplo, el segmento de tarjetas podría tener algún margen adicional producto de pérdidas de incobrables, que seguramente se verán reducidas con la fijación del límite de usura. De igual forma para el crédito en comercios o créditos personales de entidades financieras no bancarias.

Mis cálculos para escenarios con o sin estos ajustes, que por razones obvias no puedo poner en el artículo, pero que están disponibles para quienes así me lo soliciten mediante correo electrónico, me dicen que los límites mínimo y máximo de la usura estaría entre 30 y 35% de interés en colones, considerando las actuales condiciones del mercado. Una vez aplicada la medida, los límites podrían bajar en el mediano plazo a una tasa de 25 a 30 %, dada la convergencia entre actores públicos y privados y la mayor competencia que se generaría. La teoría de precios tope dice que es prudente dar un tiempo de entre 2 y 5 años para que el mercado se ajuste a las nuevas condiciones y puedan converger nuevamente las tasas. Se podría valorar una revisión quinquenal del concepto y valorar si requiere ajustes la metodología establecida.

Conclusiones sobre el tema.

En primer término, en las actuales condiciones del mercado costarricense el límite máximo a considerar para la usura no debería superar el 35% de tasa de interés nominal en colones. El caso de la tasa en dólares no debería superar el 16%, como límite máximo.

Segundo, es evidente la incompetencia técnica mostrada por el Banco Central para determinar apropiadamente la metodología a utilizar, las tasas definidas por este ente son excesivamente altas y no generarían mayor impacto en el mercado, por el contrario, tenderían a normalizar la usura en el segmento regulado. Por lo anterior, me obliga a concluir que procede que la Asamblea Legislativa corrija y ponga a tono la situación.

Tercero, sería saludable ampliar el ejercicio de tasas tope a otros segmentos de presentarse tasas de interés irracionalmente altas. Nuestros márgenes de intermediación en productos de crédito de vivienda, servicios e industria son elevados respecto de la media de los países OECD, lo que llevaría a pensar que existen posibilidades de mejora importante para hacer converger las tasas de interés en el mercado. Dichas medidas van más allá de la definición de la usura y de las tasas máximas.

Cuarto, considero muy apropiado que se establezca como obligatorio en nuestras escuelas y colegios un curso de gestión financiera familiar, de tal manera que se pueda estudiar tanto las características del mercado, los instrumentos de ahorro y crédito y la forma adecuada de gestionar las finanzas familiares, esto le haría un bien mayúsculo al sistema social y económico del país.

Quinto, la Asamblea Legislativa debería propiciar que un ente técnico de investigación más independiente, sugiero el equipo del Estado de la Nación, pueda elaborar un informe sobre la usura de forma bianual, tratando de normalizar o sugerir cambios legislativos adicionales que puedan colaborar en el tema a futuro y corregir cualquier eventual efecto colateral no deseado de las medidas propuestas.







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