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Recurso de amparo buscará frenar operativos de tránsito contra Uber

Alexandra Cubero [email protected] | Martes 29 agosto, 2017 09:59 am

Imagen con fines ilustrativos. Shutterstock/La República.


Un recurso de amparo que se presentará hoy contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos buscará frenar los operativos de tránsito contra los colaboradores de Uber y demás empresas que brinden servicio privado de transporte de personas, así como de choferes en general.

La acción será presentada por Yashín Castrillo, doctor en derecho constitucional, en su condición de ciudadano, y no como representante de alguna empresa u organización.

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"Lo que quiero es recuperar la paz por parte de nosotros los conductores comunes y corrientes que no somos Uber, que cuando transitamos con vehículos con características similares a los de esta empresa inicia la sospecha por parte de los oficiales", dijo Castrillo.

El abogado considera que los ciudadanos han perdido su privacidad al someterse a interrogatorios, sobre sus acompañantes y motivo de traslado, por parte de la policía de Tránsito, ante las sospechas de que se trate de un conductor de Uber.

"No hay tranquilidad al trasladar familiares. Ahora hay que dejar a la personas a los 100 metros”, dijo Castrillo.

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Una vez presentado el recurso, el abogado solicitará que se suspenda el decomiso de vehículos y el cobro de las multas, que van desde los ¢2,1 millones hasta los ¢8,5 millones, mientras la Sala Constitucional emita una resolución.

Si bien es cierto, las sanciones de tránsito a conductores que presten servicio ilegal de transporte de personas pretenden beneficiar a los taxistas, la ley no distingue entre plataformas, y también beneficia a los “piratas”, puesto que según el abogado la ley no diferencia entre Uber y cualquier otra naturaleza.

“Tengo un gran interés por recuperar la paz y poder transitar como lo hacía antes de la directriz del presidente Luis Guillermo Solís”, agregó

Los operativos de tránsito contra choferes de Uber se intensificaron a raíz de una directriz firmada por Solís el 9 de agosto, en la que solicita a las instituciones del Gobierno penalizar las aplicaciones de transporte ilegal de personas. 


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