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Recurrencia

Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 02 septiembre, 2008

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Pedro Oller

Esta es una Asamblea Legislativa mucho mejor que la anterior, pero ciertamente deficitaria. Más allá de los proyectos de ley asociados con el TLC (y los TLC como el de Panamá que venían en fila), el aporte resulta poco significativo. Este no es un problema de los actuales diputados, por más política electoral y partidos a los que responden, sino endémico del sistema que requiere una revisión y cambio para hacerlo mucho más eficiente, productivo.
En línea con las anteriores consideraciones, comparto la profunda preocupación que un sector de la ciudadanía tiene en torno al tema de la seguridad ciudadana. Más aún, me sumo a quienes vemos con recelo el trato legislativo al proyecto de seguridad ciudadana que se discute en congreso.
No se trata solamente de entender las razones por las cuales la propuesta hecha hoy excluye la tipificación y penalización del crimen organizado. Tiene que ver con la ligereza con que los diputados han llevado adelante la discusión del tema.
Pueden compartirse las preocupaciones por roces de constitucionalidad, que dicho sea de paso no compete resolver al Primer Poder de la República, o la complejidad al resolver un tema de tanta trascendencia y tan delicado. No obstante, tenemos la obligación de revalidar los derechos personales a la intimidad haciéndolo en un marco que no favorezca la impunidad por salvaguardarlos. En la balanza de la justicia no puede favorecerse el derecho que tenemos todos a la seguridad en virtud de la defensa de los pseudo-derechos que abusivamente asisten en beneficio de una mafia.
Desconocer la existencia del problema de seguridad denota falta de conciencia. Renunciar a su discusión en virtud de la complejidad del tema, denota falta de preparación y disposición. Obviar el clamor de un pueblo golpeado por este flagelo que crece día con día, denota una actitud complaciente con las causas y vacilante ante los remedios.
Desgraciadamente no puede el Ejecutivo implementar este proyecto por la vía de decreto. Desgraciadamente, la actitud del Legislativo no contribuye a la discusión sino que, en el mejor de los casos, la dilata. ¿Será esa la respuesta que los vecinos de Limón y Paso Canoas —por citar solo dos polos de sicariato— necesitan? Difícilmente.
Debemos desconfiar del análisis técnico que ha dado al traste con la integridad del proyecto. Nos merecemos escuchar las razones prácticas y teóricas de quienes desde el frente de batalla, y no en las trincheras de Cuesta de Moras, le hacen frente a la lucha contra el delito. Ministerio de Seguridad, DIS y otras dependencias, OIJ, Ministerio Público, jueces y litigantes tienen que contribuir con los diputados y con el proyecto.
Es hora de que los padres de la patria asuman sus responsabilidad como tales, como buenos padres de familia y que no nos dejen solos. Si bien por formación comprendo que la solución no está en las leyes y por experiencia desconfío de la todopoderosa persecución indiscriminada en manos del protagonismo, también creo que nos debemos una modificación jurídica al tratamiento del delito mucho más acorde con las circunstancias y sin miramientos ni complacencias. ¿Será posible también para la Ley de Tránsito?

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