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¿Quién debería defendernos?

Pedro Oller poller@ollerabogados.com | Martes 22 septiembre, 2009

¿Quién debería defendernos?

Parece mentira, pero van a ser ya 17 años desde que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No.7319 del 17 de noviembre de 1992, que creó la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
Desde 1993, año en que su primer defensor, don Rodrigo Alberto Carazo Zeledón asumió el cargo, la institución ha venido sufriendo un deterioro funcional sistemático y una pérdida de relevancia notoria.
Sería injusto atribuir lo anterior al trabajo desplegado por sus funcionarios, siendo que, la institución ha sufrido el abuso constante del clientelismo político, de la falta de cohesión y de la carencia de un norte en su corta vida.
Don Rodrigo Alberto saltó de la Defensoría a la Asamblea y de ahí, doña Sandra Piszk a ocupar el cargo. La sustituyó el hoy diputado, don José Manuel Echandi y a este, doña Lisbeth Quesada quien perdió el primer puesto para diputada a San José por el partido Alianza Patriótica, apenas este fin de semana.
La alternabilidad en los cargos entre Cuesta de Moras y la Defensoría, son la patología endémica de un mecanismo marcado por el favoritismo político.
En especial, porque su artículo duodécimo le establece por ámbito de competencia:
1. “(I)niciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa del sector público (…)
2. (I)nspeccionar las oficinas públicas, sin previo aviso y requerir de ellas toda la documentación y la información necesarias para el cumplimiento de sus funciones, las cuales les serán suministradas sin costo alguno.
3. Obligar a los funcionarios públicos a comparecer personalmente, el día y la hora señalados ( …).
4. Comunicar al Poder Judicial de cualquier irregularidad administrativa que haya conocido”.
Mas lo cierto es que la institución se ha convertido en una suerte de piñata política por la que, quienes han pasado, lo han hecho en general, sin más pena que gloria.
Se ha iniciado ahora un proceso tergiversado para la escogencia del sustituto y, ojalá, recuperador de la función etimológica de la Defensoría. Mas la discusión discurre irremediablemente en el ámbito político electoral y no, en función de quien conviene más al país y sus habitantes.
Una diputada ha hecho pública su intención de aspirar al cargo. Las fuerzas se han movido para que le resulte acomodadizo el procedimiento.
Un grupo importante de costarricenses, entre los que me incluyo, opinamos que lo mejor que podría pasarnos es que alguien ajeno, sea el designado. Alguien como don Miguel Gutiérrez Saxe. Cuya integridad nadie cuestiona, capaz —así la valoración de atestados se haya vulnerado, en aras del favorecimiento— y quien, al frente del Estado de la Nación, ha demostrado de sobra sus valías.
Confieso que guardo, hoy y siempre, un profundo respeto y consideración por don Miguel. También aprecio. Eso, a diferencia del proceso legislativo que se ha seguido, no me desautoriza de señalarle como el adecuado.
Por el contrario, como habitante, revalida mi predilección para que sea él y no otro oportunista quien me venga a representar y defender desde la institución.
En aras, también, de que la misma, termine de cumplir con ese mandato de su artículo noveno, inciso (1) que sentencia:
“El cargo de Defensor de los Habitantes de la República es incompatible con cualquier otro cargo, público o privado, que no sea la docencia o la investigación universitarias”. Nos debemos alguien ajeno y probo, como lo es don Miguel Gutiérrez Saxe.

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