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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está siendo presionado por políticos demócratas para que envíe de regreso al expresidente Jair Bolsonaro a Brasil, después de que sus partidarios invadieran y destrozaran la sede de los tres Poderes de la República en Brasilia el pasado domingo.
Bolsonaro salió del país rumbo a EE.UU. el 30 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y se instaló en Orlando, Florida.
"Casi 2 años después del día en que los fascistas atacaron el Capitolio de EE.UU., vemos movimientos fascistas en el exterior tratando de hacer lo mismo en Brasil", escribió la representante Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter, en referencia a la invasión del Congreso de EE.UU. el 6 de enero 2021 por partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump.
"Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida", agregó.
Biden, a su vez, condenó en Twitter el vandalismo de los bolsonaristas, pero no se pronunció sobre la situación de Bolsonaro en EE.UU.
"Condeno el ataque a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con @LulaOficial", escribió en domingo.
Ante la presión de los parlamentarios demócratas, ¿cuál sería la posibilidad real de que Bolsonaro se vea obligado a salir de Estados Unidos, ya sea mediante un proceso de extradición o deportación?
Expertos de Brasil y Estados Unidos consideran que, al menos hasta el momento, no existen elementos legales que permitan un proceso de extradición.
Por otro lado, el gobierno estadounidense podría, en teoría, revocar el visado del expresidente, forzando su deportación. Esto dependería de una evaluación política del gobierno de Biden, lo que dificulta predecir cuál será su decisión.
Además, aunque se anule su visado, Bolsonaro podría intentar extender su estadía en Estados Unidos presentando una solicitud de asilo político, bajo el argumento de que sufriría persecución en Brasil.
Dicho proceso podría tardar meses o años en completarse y la persona que solicita asilo, independientemente de si es un expresidente, podría permanecer en los EE. UU. hasta que se completara esta revisión.
"Una deportación ocurre cuando la persona ya no tiene documentos válidos. Si el visado ha vencido, por ejemplo, la persona se convierte en un inmigrante irregular y automáticamente es deportado al ser identificado, devuelto al país de origen", explica el abogado especialista en cooperación internacional Yuri Sahione.
"El propio gobierno de Estados Unidos podría simplemente cancelar el visado. También porque otorgar un visado es una prerrogativa de cada país, un acto soberano", agregó.
No hay información clara sobre el estado actual de Bolsonaro en EE.UU. Como aún era presidente de Brasil cuando salió del país, es posible que ingresara en suelo estadounidense con una visa A1, otorgada a las autoridades.
Otra opción es que esté usando un visado de turista, que le da un período máximo de seis meses en el país.
La embajada estadounidense en Brasilia aseguró que no podía aclarar la situación de Bolsonaro porque la visa de cualquier persona se considera información privada y confidencial.
Sin embargo, independientemente del visado que tenga Bolsonaro, cualquier modalidad podría ser cancelada por el gobierno de EE.UU. en cualquier momento.
Sin mencionar el caso específico de Bolsonaro, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, dijo a los periodistas que las personas que ingresaron al país con una visa A1 y ya no están en una misión oficial en su país, están obligadas a salir de EE.UU. en un plazo de 30 días o solicitar un nuevo tipo de visa.
"Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional", dijo Price, citado por Reuters.
Un proceso de extradición ya es algo más complejo que la deportación.
El abogado estadounidense Jacques Semmelman, especialista en extradición en Estados Unidos, le explicó a BBC News Brasil que dicho proceso debe pasar por el sistema judicial estadounidense. Es decir, no sería una decisión exclusiva del gobierno de Biden.
Según él, para que este proceso se iniciara, sería necesario cumplir con algunos requisitos, entre ellos la existencia de un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil, que hasta el momento no existe.
Y, sobre la base de un caso penal, el gobierno brasileño tendría que pedir la extradición al gobierno de Estados Unidos.
"El cargo o cargos penales deben basarse en una causa probable, lo que básicamente significa tener pruebas suficientes para respaldar la creencia razonable de que el acusado cometió el delito o delitos por los que fue procesado", dijo Semmelman.
A partir de entonces, el sistema judicial estadounidense analizaría el caso, con espacio para que Bolsonaro presentara su defensa contra la demanda de extradición. Este tipo de proceso suele llevar meses o años.
El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, aseguró a los periodistas este lunes que la Casa Blanca no ha recibido ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño con respecto a Bolsonaro.
"Si todavía está en Estados Unidos, que yo sepa, no estamos en contacto directo con Bolsonaro. Por lo tanto, no puedo hablar con certeza sobre su paradero", dijo Sullivan.
"No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad", agregó el asesor de Seguridad Nacional.
El senador Renan Calheiros (del partido centrista Movimiento Democrático Brasileño), presentó a su vez este lunes una solicitud al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que incluya a Bolsonaro en la pesquisa que investiga los actos antidemocráticos, y fije un plazo máximo de 72 horas para que el expresidente regrese a Brasil para prestar declaración.
Calheiros también pidió que, en caso de que Bolsonaro no cumpla con este plazo para regresar a Brasil, se decrete su prisión preventiva con base en el artículo 312 del Código Procesal Penal.
Este artículo establece que "la prisión preventiva podrá decretarse como garantía del orden público, para la conveniencia de la investigación criminal, o para asegurar la aplicación de la ley penal cuando exista prueba de la existencia del delito y pruebas suficientes de su autoría".
En opinión de Yuri Sahione, la solicitud de Calheiros tiene más un carácter político que una base legal, y parece poco probable que sea concedido.
Señala que es la Fiscalía quien tiene la potestad de solicitar una investigación penal, aunque Moraes ya ha tomado decisiones sin oír al organismo, por ejemplo a partir de solicitudes de la Policía Federal o del Tribunal Superior Electoral.
El abogado también recuerda que la ley brasileña no obliga a un investigado a prestar declaración, como pide Calheiros, ya que el acusado tiene derecho a guardar silencio.
"No hay materialidad para que se le obligue a regresar a Brasil. Sobre todo porque, aunque esté incluido como investigado, puede seguir siendo investigado mientras está en Estados Unidos. Puede participar virtualmente" explicó Sahione.
"Y no hay indicios de que él, si está en Estados Unidos, evadirá cualquier tipo de acto procesal o investigación", agregó.
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